Todos los días tenemos noticias de algún nuevo caso en el un responsable público ha metido mano en la caja de los que pagamos nuestros impuestos.
El verdadero expolio acaecido en España desde que comenzó la transición a la democracia es, cuando menos, un verdadero escándalo para un país que en su Constitución dice ser un país democrático y social.
Los impuestos que pagamos se ven disminuidos por una gran parte que está en los paraísos fiscales, y la Agencia Tributaria, nos dice que supone una verdadera sangría para el Estado. Pero políticamente al parecer no se lo toman en serio, pues ese capítulo sigue engordando.
Pongo uno de los ejemplos más claros el de la Comunidad Valenciana, que según Enrique Soriano, presidente de la Asociación Contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana, estima la factura del expolio en nada más y nada menos de 12.500 millones de euros, que si lo comparando con los últimos presupuestos de la Generalitat Valenciana, es una cifra similar.
Según dicha asociación, todo empezó durante la época de Eduardo Zaplana (del Partido Popular) cuando era presidente autonómico.
Pero lo que es más llamativo de este desfalco descarado, es que el Parlamento autonómico tiene en sus escaños a ocho (8) imputados, todos del Partido Popular del actual presidente Alberto Fabra.
¿Cómo es posible que con nuestros impuestos sigan disfrutando de sus escaños ocho diputados que están implicados en asuntos judiciales?
Esto es sencillamente un robo, un expolio a los impuestos.