Dado que tengo la mente entrenada para no caer en el absurdo, mis sentidos me engañaron en la lectura inicial de esta noticia. Queriendo entender prima facie que el anuncio del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, del PP, de otorgar una "ayuda permanente" de 300 euros a "todas las mujeres extremeñas que vivieron la guerra y la posguerra" sería de carácter mensual.
George Grosz (1893-1959)
Hube de releer la noticia para comprobar que el cinismo y sinvergonzonería de cierta clase política no tiene límites: en efecto, la periodicidad de tal "ayuda permanente" a las 35.000 mujeres que a día de hoy tienen más de 75 años (pero no a las que vayan cumpliendo esa edad en el futuro) sería anual. Lo que representa una prestación de 0,82 € al día. Llamar "ayuda" y "permanente" a esa calderilla es un abuso de lenguaje, puro cinismo.
El presidente regional anunció esta demagógica medida durante su discurso de celebración del Día de Extremadura, y la defendió así: "Esta es una cuestión de dignidad, de justicia y de memoria histórica". Pero Monago contradice y mancilla la más elemental noción de la dignidad y la justicia al pretender servir sus exigencias con tan irrisoria ayuda. "Ellas fueron un generación de mujeres que nacieron, crecieron y superaron la guerra y la posguerra. Una época en la que todas las puertas para las mujeres estaban por abrir, sobre todo en una Extremadura rural en la que no se reconocía su trabajo", dijo Monago.
¿82 céntimos al día es todo el reconocimiento que el Partido Popular, esa formación que no ha dudado en inyectar a la Banca ingentes cantidades de dinero público con tantos ceros que la cifra marea, ofrece a unas ancianas en muchos casos desprovistas de pensión de jubilación? Mujeres que, como el propio político reconoce: "La gran mayoría no pudistéis cotizar lo suficiente, muchas de vosotras nada."
Las pensiones, en España, no son precisamente generosas, situándose la pensión mínima que reciben unos tres millones de pensionistas en 600 euros. Pero por debajo de esa línea, hay pensiones todavía más bajas, es decir, misérrimas. Por ejempo, las derivadas del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), creado en 1947 para sustituir al antiguo Retiro Obrero: 404,80 euros mensuales en 2014. Prestación que, para colmo de miserias, es incompatible en muchos casos con cualquier otra pensión de la Seguridad Social. Pues, no se sabe por qué oscuro designio así lo dispuso la voluntad legisladora que decidió castigar con esa cláusula de incompatibilidad a uno de los colectivos más humildes del país.
En el último lugar del sistema público de pensiones se sitúan —o mejor dicho, han sido situadas— aquellas personas ancianas que no tienen relación conyugal ni pueden acreditar cotizaciones a la Seguridad Social, por haber desempeñado a lo largo de su vida trabajos precarios o domésticos no sujetos a regulación laboral. Este sector de la población es castigado por el Estado a percibir la pensión mínima de carácter no contributivo. Pues cabe hablar de castigo antes que de solidaridad el hecho de que una persona deba vivir con una renta situada muy por debajo del umbral de pobreza. Tan sólo con 365,90 euros mensuales se digna el Estado socorrerlas en su vejez.
Todo esto se traduce en la configuración de una importante bolsa de pobreza formada por personas mayores, principalmente mujeres. Donde encontramos la sangrante figura de "cónyuge a cargo", por la que los jubilados, generalmente varones, que perciben la pensión mínima, ven completada ésta hasta los 790 euros en concepto de mantenimiento del cónyuge. Por lo general, mujeres que a lo largo de su vida no hicieron otra cosa que atender las pesadas cargas del trabajo en el hogar.
¿Que es eso de cónyuge a cargo? ¿Por qué alguien debe recibir una prestación a través de otro, lo que supone vivir con permiso de otro? ¿No supone eso una situacion de dominio, de supremacía del varón? Y sorprende que ninguna de esas formaciones de izquierda, que tanto complican su discurso repitiendo muletillas verbales de género, hayan abordado de veras esta desigualdad reclamando una reforma de la Seguridad Social que garantice a toda persona, per se y sin distinción de género, una pensión mínima al llegar al estado de ancianidad. Esa sería una de las medidas graduales encaminadas a implantar, sin demagogias, una Renta Básica de Ciudadanía.
En cuanto a la demagógica medida de Monago, que más que ayuda constituye un nuevo insulto del Partido Popular a la dignidad de las personas, en este caso de las mujeres ancianas, cada cual hará lo que mejor le parezca. No soy un moralista de los que se creen con derecho a intervenir en la vida privada de la gente. Pero les puedo asegurar que, si hubiera sido mi propia madre la que hubiera sufrido esta afrenta, la acompañaría hasta un Registro Oficial al efecto de realizar la devolución de esa miseria a las arcas del Gobierno extremeño. "En mi hambre, mando yo", como solían decir aquellos antiguos jornaleros cuya conciencia de clase les permitió conservar la dignidad pese a la opresión que sufrían. Que se vuelve a padecer.