Extremadura por la renta basica – exposición de motivos

Fuente:rentabasicacaceres

Renta Básica de las iguales

“No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”. En las plazas de Extremadura y del país, han resonado durante el año 2011 estas palabras indignadas, expresando el hartazgo de la ciudadanía.
La crisis multiplica el número de damnificados por las políticas neoliberales. A los cinco millones de parados, hay que sumarle 150 desahucios de vivienda al día, los recortes sociales en educación o sanidad, la congelación de ayudas de la ley de dependencia, los abusos laborales de todo tipo… Mientras el Estado reflota a la banca inyectándole cantidades astronómicas de dinero público, los barrios se deterioran a marchas aceleradas, el fantasma de la pobreza infantil vuelve a asomarse en nuestra realidad cotidiana, aumentan las enfermedades mentales y suicidios, los comedores sociales y programas de alimentos se ven desbordados. Pobreza, paro, precariedad y marginación se anudan, limitando la libertad real de millones de personas y expulsándolas a la cuneta, a la exclusión social.
Junto a la pobreza conocida emergen nuevas formas de marginación y precariedad. Casi la mitad de los jóvenes se encuentran en el paro, condenados a vivir en casa de sus padres; la emigración acaba constituyendo la única perspectiva incluso para muchos jóvenes con titulación universitaria. Y desde las tribunas del poder se habla, sin pudor alguno, de una generación perdida.

Los indicadores oficiales reconocen el mayor impacto de la pobreza en comunidades autónomas como Extremadura. En la región, 130000 personas se encuentran en el paro, y de ellas, más de una tercera parte adolece de cualquier tipo de cobertura. En esta situación, las Ayudas para la integración en situaciones de emergencia social (AISES), muestran descarnadamente su radical inadecuación. Su cuantía es tres veces más pequeña que la renta mínima del País Vasco y el acceso a las ayudas se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos. Cuando la exclusión social ronda miles de casas, las AISES demuestran a las claras su naturaleza clientelar, burocratizada y miserable.
A los que mandan se les llena la boca de palabras como pleno empleo, Estado del Bienestar o protección social. Y las leyes fundamentales, tales como la Constitución Española o el Estatuto de Autonomía establecen con solemnidad esos derechos sociales elementales. Ha llegado la hora de exigirles que cumplan las leyes y que sus hechos se compadezcan de sus bonitos discursos.
Distintos colectivos y movimientos sociales hemos constituido la Plataforma Extremeña contra la Exclusión Social para decir basta y exigir, con la ciudadanía, una respuesta urgente a esta situación. Consideramos que una de las primeras medidas a tomar es la implantación en nuestra región de la Renta Básica. En esta propuesta se dan la mano la lucha contra la marginación social y la pertinencia de dar cauce a un nuevo derecho de ciudadanía, cuya reivindicación se ha ido asentando en los últimos años.
La Renta Básica es un instrumento factible de erradicación de la pobreza, un mecanismo de reparto de la riqueza y distribución de la renta, que puede dar seguridad económica a los ciudadanos frente a la incertidumbre y la arbitrariedad, permite iniciar otros modos de vida, fomenta la igualdad de género y contribuye a eliminar los estigmas sociales.
Estimamos que la Renta Básica puede ser un pilar del nuevo sistema de bienestar y un instrumento útil para defenderse del deterioro de las condiciones de vida que impone el capitalismo global. Pero, para que constituya una herramienta de transformación social, es preciso superar la manipulación que ha sufrido el concepto por parte de los poderes. La Renta Básica que defendemos no es una limosna, ni un salario de pobres. No queremos una ayuda graciable, mangoneada por la administración de turno, sino un derecho de ciudadanía. Consideramos la Renta Básica una propuesta para hacer justicia, no una medida para practicar la caridad pública, perpetuar los guetos y la segregación social. Defendemos el modelo de Renta Básica de las Iguales, modelo que vienen defendiendo diversos movimientos sociales de nuestro país como Baladre, que caracteriza la Renta Básica como un derecho individual, universal y no sujeto al mercado de trabajo.
Concebimos la Iniciativa Legislativa Popular por la Renta Básica como una herramienta para sacar de la intemperie a miles de personas, pero también para combatir el miedo y la desmovilización social. “No hay pan para tanto chorizo”, se ha gritado con rabia en las plazas. No hay dinero para saciar la codicia de los delincuentes de cuello blanco. Sí hay y debe haber recursos para garantizar una vida austera pero digna a todas las personas. Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente Iniciativa Legislativa Popular:
Artículo 1. Derecho a la Renta Básica. Se establece el derecho de todo persona, por el hecho de haber nacido, a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas. La Renta Básica se constituye como derecho individual, universal e incondicional.
Disposición transitoria. La cuantía de la Renta Básica durante el año 2012, y de forma transitoria, será de 600 euros, tendiendo a equipararse en los años sucesivos al equivalente del umbral de la pobreza.
Disposición Adicional Primera. Aplicación gradual. Se establecen tres fases de implementación de la Renta Básica. Una primera fase entrará en vigor de forma inmediata tras la aprobación de la presente Ley. Afectará a todas las personas domiciliadas en Extremadura e inscritas en el SEXPE, que no tengan cobertura al desempleo ni dispongan de otros ingresos.
En la segunda fase se extenderá a aquellas personas cuyos ingresos por subsidios o pensiones públicas estén por debajo de la Renta básica, garantizando las percepciones suplementarias hasta alcanzar la cuantía establecida para la Renta Básica. El plazo de implementación de esta segunda fase será de un año.
En la tercera fase, se regulará la extensión de la Renta Básica como derecho universal.
Disposición Adicional Segunda. Los poderes públicos de Extremadura promoverán la implantación de la Renta Básica en el ámbito del Estado Español y de la Unión Europea.