Mientras tanto, otros operadores del oficialismo están ocupados en negociar el ingreso de Exxon Mobil al mercado petrolero nacional. Según se informa, el pulpo yanqui exige “un conjunto de garantías políticas similares a las que tienen las cuestionadas firmas mineras” (Clarín, 11/5). O sea que piden un compromiso de estabilidad tributaria por cincuenta años, la autorización para girar utilidades al exterior, así como también “un precio del crudo y del gas acorde a la evolución internacional del petróleo” (ídem). Los contratos quedarían sometidos a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York. Este esquema se repetiría con Chevron y Total, entre otras.
Clarín asegura que la expropiación de YPF tuvo “el aval de Washington para bloquear la venta de la compañía a la china Sinopec”, lo que Prensa Obrera adelantó en el momento de la “estatización”. La nueva YPF conserva el carácter de sociedad anónima con cotización en la Bolsa. Por lo tanto, no estará sometida a los auditores del Estado nacional, pero sí a la Bolsa. Una delegación de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) acaba de llegar a la Argentina: quieren impedir , dice La Nación (14/5), “que se lleven a cabo planes que han sido sugeridos por profesionales cercanos o miembros del oficialismo, tales como obligar a YPF a producir al costo para subsidiar a los consumidores domiciliarios o a sectores industriales” (ídem). La ilusión de un precio interno inferior al internacional se disipa y la amenaza del tarifazo se acentúa.
La reprivatización petrolera expone el desbarranque político del centroizquierda y la izquierda democrática, que votaron por la “ley de expropiación” en nombre de una soberanía energética.
Marcelo Ramal