Esto no es ninguna primicia, pero entiendo que estamos ante un aviso muy importante para las personas afectadas por las hipotecas y para cuantos voluntarios y profesionales trabajamos solidariamente por ayudarlas.
Tras ningunearnos al millón y medio de personas que firmamos la ILP por la Dación en pago, tras criminalizar las movilizaciones ciudadanas por el derecho a una vivienda digna y tras torear la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que, justamente dos meses antes, declaraba como ilegal a la Ley Hipotecaria española, éste ya ilegítimo gobierno del PP (por mucha mayoría que sacara con un programa diferente al aplicado actualmente) decidió el pasado 14 de mayo aprobar la rimbombante Ley 1/2013 sobre los procesos hipotecarios, dando tan solo un mes de plazo para presentar la defensa de cada uno de los procesos ejecutorios.
Aunque nos parezca mentira, este perverso gobierno nos ha dejado con esta Ley una rendija por la que colarnos y creo que hay que difundir por todos los medios posibles que la totalidad de procesos de ejecución hipotecaria podrían revisarse y hasta ser paralizados si contuvieran cláusulas abusivas que exigieran su retirada y se presenta dentro del plazo establecido la correspondiente demanda.
Es más, la formulación del incidente de oposición –que es así como llaman al procedimiento de defensa para los afectados- tendrá como efecto inmediato (dice textualmente la referida Ley) la suspensión del curso del proceso hasta la resolución del incidente. Es lo que leemos en la 4° disposición transitoria de la Ley 1/2013 que dice que “las partes ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular un incidente extraordinario de oposición basado en la existencia de las nuevas causas de oposición previstas en el apartado 7.ª del artículo 557.1 y 4.ª del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, suspendiéndose el curso de la ejecución”.
Decíamos rimbombante (aunque podríamos denominar falsa y pretenciosa) por el mismo enunciado al que ya nos tiene acostumbrado el Sr. Rajoy al decir con buenas palabras lo contrario de lo que va a hacer; o digan si no: “Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”.
También hablábamos de no pretender ninguna primicia porque las diversas PAH ya lo anunciaron nada mas salir publicada la Ley y hasta el CGAE publicó el 30 de mayo en varios periódicos de tirada nacional, el aviso de la finalización del referido plazo, pero ¿ya se han enterado todas las personas afectadas?
Por todo ello y sin distraernos del asunto que nos ocupaba, recordamos que el citado plazo termina el próximo 16 de junio y que pasada esa fecha ya no podrá presentarse la oposición o defensa. Curiosamente la ley no obligaba a los Juzgados a que advirtieran a los deudores de la apertura de este período, y –por eso recalcamos y escribimos esta entrada- para intentar evitar que a cualquier persona afectada se les pueda pasar el citado plazo.
Finalmente, y dado que la estafa hipotecaria y las ejecuciones hipotecarias masivas tienen tan graves consecuencias para las personas que se han concretado en una violación sistemática de los derechos humanos, animamos a participar en la Marcha contra la impunidad financiera, contra la estafa hipotecaria y por el derecho a la vivienda
que tendrá lugar en Madrid este sábado 8 de junio a las 19 horas saliendo desde la calle Velázquez, 66 (sede de la Asociación Española de Banca), parando a protestar en el Ayuntamiento de Madrid y en el Banco de España, para acabar en la Audiencia Nacional.
Además, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han preparado dos “Kits de Emergencia” con instrucciones para todos l@s afectad@s y consejos para l@s abogad@s para la alegación de cláusulas abusivas tanto en el proceso judicial como en el extrajudicial (ante notario).
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