Por Alfonso Lafarga / Contramutis
Ni el Gobierno ni el Partido Popular, en el mejor “estilo Rajoy” (no hacer, dejar pasar), se han pronunciado sobre la sentencia del 27 de febrero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que establece que el acuerdo de pesca de la UE con Marruecos no es aplicable a las aguas del Sáhara Occidental al no ser la excolonia española parte del territorio marroquí, sentencia que se suma a la del 21 de diciembre de 2016 referente al acuerdo comercial entre Marruecos y la UE, que contempla el Sáhara Occidental como un territorio “separado y diferente” de Marruecos, por lo que los representantes del pueblo saharaui deben dar su consentimiento a cualquier acuerdo comercial o de asociación de la UE.
Sobre la última resolución del 27 de febrero el Gobierno se limitó a decir, por boca del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, que “respeta y acata” las decisiones judiciales. Lo hizo el 1 de marzo en el Senado, el mismo día en que el Grupo Popular en esta cámara impidió que la Comisión de Exteriores aprobase una moción de Compromís para instar a las autoridades y empresas afectadas a garantizar el cumplimiento de las sentencias del TJUE.
El portavoz adjunto del PP, Pedro Agramunt, afirmó que una declaración institucional en ese sentido sería “muy contraproducente” para los contactos entre la UE y Marruecos y podría conducir a una crisis política “en la que España, como país vecino, sería la principal afectada”.
Ya puestos, el PP rechazó otra moción que instaba al Gobierno a implicarse más en la solución del contencioso del Sáhara Occidental y para ello alegó que se incluían palabras como “ocupación” o “invasión”, que no forman parte de la posición oficial española.
Eso sí, el senador popular aprovechó para decir que España es el principal donante de ayuda para el pueblo saharaui (10 millones en 2015), como hizo en una ocasión José Luis Rodríguez Zapatero siendo presidente del Gobierno que, sin afrontar una pregunta sobre el Sáhara, se puso a dar datos y datos de la aportación humanitaria española mientras miraba de soslayo el reloj del Salón de Sesiones del Congreso.
Ante la resolución del TJUE en materia pesquera varios partidos, PSOE, IU y Compromís, quieren que el Gobierno tome medidas para garantizar los derechos de la población saharaui. El diputado socialista Odón Elorza presentó una serie de preguntas para que el Ejecutivo aclare qué piensa hacer para respetar la sentencia y en un artículo en el Diario Vasco escribió que el Ejecutivo debe “velar por la aplicación del conjunto de decisiones judiciales de la UE, aportando al territorio del Sáhara Occidental garantías del cumplimiento del Derecho Internacional, seguridad jurídica, desarrollo económico y estabilidad política”.
Señaló que “tiene que proponer iniciativas ante la ONU y la UE para asistir a las partes en conflicto, Marruecos y el Frente Polisario, en la búsqueda de una solución definitiva que permita ejercer la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”, y concluyó: “En España hay poderosos lobbys de amistad e intereses económicos que juegan en favor del rey de Marruecos, sin olvidar la tensa situación de las ciudades de Ceuta y Melilla”.
Ante el expolio de los recursos naturales del Sáhara, además de las dos sentencias del TJU el Gobierno debería tener en cuenta el fallo de la Justicia sudafricana a favor del Sáhara Occidental en el caso de las 54.000 toneladas de fosfato extraídas de yacimientos saharauis por empresas marroquíes, que fueron interceptadas en Port Elizabeth. Recordar al Gobierno que el 24 de mayo de 2017 un buque proveniente del Sáhara Occidental descargó 4.300 cúbicos de arena en el Puerto de Palma ante las protestas del movimiento solidario con la causa saharaui.
Las resoluciones judiciales europeas motivaron reacciones como la de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX), que solicitó que no se apliquen a Marruecos los beneficios contemplados en el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos por la venta de hortalizas procedentes del Sáhara Occidental.
Para FEPEX “habría que diferenciar las producciones hortofrutícolas procedentes de territorio de Marruecos y del territorio del Sáhara, que en los últimos años han crecido fuertemente, siendo además coincidentes con el calendario español y compitiendo directamente con las producciones españolas, tanto en el mercado comunitario como en el mercado español” y “estas producciones deben estar sometidas al régimen de precios de entrada y pagar los correspondientes derechos de aduanas”.
Por parte marroquí las reacciones estuvieron en su linea: el Ministro portavoz del Gobierno, Mustafa Jalfi, aseguró que no firmarán ningún acuerdo que no incluya la soberanía marroquí sobre lo que dicen es su territorio nacional, “de Tánger a Lagüera”, el sur del Sáhara Occidental, y el Ministro de Agricultura y Pesca, Aziz Ajanuch, opinó que la sentencia “no dice claramente que haya una prohibición de pescar en las aguas de las provincias del Sur”.
Mientras, el Gobierno de España busca fechas para el viaje de Estado de Felipe VI a Marruecos, que fue aplazado en enero pasado.
Como todos los meses, en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos, en ciudades del sur marroquí con amplia población saharaui y en las cárceles marroquíes con presos políticos saharauis se han cometido violaciones de los Derechos Humanos, según denuncian organizaciones no gubernamentales y medios de información saharauis, tanto oficiales como independientes. La que sigue es una relación aproximada de hechos ocurridos en febrero de 2018:
Leer completo en pdf: Febrero saharaui 2018