ambas interpretaciones sobre el 11-M eran erróneas y la lacerante división en que se sumieron los españoles, incluidas las propias víctimas, ha sido y es engañosa. Ninguna evidencia hay, directa o indirecta, de que la organización terrorista ETA estuviese implicada en los atentados. Tampoco es cierto que la idea de perpetrar una matanza en Madrid surgiera a raíz de la presencia de soldados españoles en territorio iraquí. Como explico y documento en el libro ¡Matadlos! Quién estuvo detrás del 11-M y por qué se atentó en España, la decisión de ejecutar ese acto de terrorismo se tomó en diciembre de 2001 en la ciudad paquistaní de Karachi y fue ratificada durante una reunión que delegados de tres organizaciones yihadistas magrebíes mantuvieron en Estambul en febrero de 2002. Además, lo que se convertirá en la red del 11-M inició su formación al mes siguiente, todo ello más de un año antes de la invasión de Irak.
Pero no hacía falta investigar los atentados del 11-M ni desvelar nueva información sobre los mismos para evitar la división de los españoles, aunque hacerlo haya contribuido a mitigarla. Bien pudo haber bastado con que, como ocurría con los británicos, los españoles hubiéramos estado lo suficientemente sensibilizados respecto a la amenaza del terrorismo yihadista que, además de la relacionada con ETA, se cernía sobre nuestro país con anterioridad a la invasión y ocupación de Irak. Desde al menos 1997, los informes que la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) del Cuerpo Nacional de Policía remitía a los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, quienes debían autorizar escuchas telefónicas relacionadas con los yihadistas que desarrollaban ya actividades en España, dejaban constancia de que sus investigaciones eran necesarias para “prevenir la muy posible comisión de atentados en nuestro país”.
Al presentar ¡Matadlos! a lo largo del último año en numerosas ciudades españolas he podido constatar cómo, incluso entre los ciudadanos interesados y que eran adultos cuando se perpetraron los atentados de Madrid, existía un gran desconocimiento sobre la trayectoria del yihadismo en nuestro país desde mediada la pasada década de los noventa. Casi nadie —o muy pocos— sabía que Al Qaeda fundó en España, en 1994, una de sus más importantes células en Europa Occidental, desmantelada en noviembre de 2001 al quedar de manifiesto su conexión con la responsable de los atentados del 11-S. Como casi nadie —o muy pocos— eran conscientes de que sólo a lo largo de 2003, el año anterior al del 11-M, se detuvo en nuestro país a más de 40 individuos por su implicación en actividades de terrorismo yihadista. Esta cifra nunca antes había sido tan elevada desde que, en 1995, fuese detenido en Barcelona el primer yihadista o desde que, en 1997, se desarticulara en Valencia la primera célula yihadista.