El legislador había presentado un recurso administrativo en contra de la venta de lotes y una denuncia penal en la que planteó la irregularidad de una operación a favor de funcionarios locales y provinciales que estaban inhibidos para hacer la compra, cuestionó el precio “irrisorio” de la operación y que se soslayara el reclamo de la familia Sepúlveda.
El planteo llegó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que frenó la operación.
Para Mansilla el decreto firmado por Gutiérrez “marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción política en la entrega de tierras públicas”.
El gobernador dio marcha atrás con el loteo, reconoció el reclamo de la familia Sepúlveda y anuló una cesión que había hecho la subsecretaría de Tierras a favor de la comisión de Fomento en 2010.