La Fiscalía Quinta Anticorrupción ordenó indagar e imputó cargos al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáez-Llorens, por la presunta comisión del delito de peculado, y al exministro de Salud Javier Díaz, por supuestas irregularidades en el manejo del proyecto ciudad hospitalaria, con un costo de 517 millones de dólares, aprobado en el pasado gobierno.EXFUNCIONARIOS DE LA CSS, A INDAGATORIAUna fuente del Ministerio Público confirmó que la fiscal Janeth Rovetto también imputó cargos y ordenó indagar a los exfuncionarios de la CSS Alberto Maggiori, ex director ejecutivo de Finanzas y Administración; a Lizka Richards, ex subdirectora nacional de Instalaciones; a Linnet Monterrey, ex directora ejecutiva nacional de Ingeniería y Servicio de Apoyo; a Mirian de Sucre, ex subdirectora nacional de Compras, y a Nelson Dueñas, quien también trabajó en la institución en la pasada administración de Sáez-Llorens.
El 12 de mayo pasado, cerca de una docena de gremios de la sociedad civil presentó ante la Procuraduría de la Nación una denuncia ciudadana por irregularidades detectadas en el proyecto ciudad hospitalaria, con un costo de 517 millones de dólares, aprobado en el gobierno de Ricardo Martinelli.Dirigentes del Frente por la Defensa de la Democracia, de la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social, de la Alianza Estratégica Nacional, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, de la Comisión Médica Negociadora Nacional, del Frente Amplio de Colón, entre otros, pidieron la nulidad del contrato firmado entre la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y la Caja de Seguro Social (CSS) para la ejecución de la obra.Además, los grupos instaron a investigar por las supuestas anomalías detectadas al expresidente Ricardo Martinelli.Dos meses antes, específicamente en marzo, en una inspección al proyecto hecha por el contralor, Federico Humbert, y el director de la CSS, Estivenson Girón, se descubrió que las paredes del proyecto eran de pladur –un material similar al gypsium– y no de bloque, como establecía el contrato original.Tras semanas de conflictos, la CSS acordó con FCC la demolición de 170 mil metros lineales de la construcción a base de pladur.Además, en la obra se detectaron problemas de suministro de agua potable, de acople eléctrico y zonas inundadas. Además, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos objetó la ubicación del proyecto en las inmediaciones del Parque Nacional Camino de Cruces y por su lejanía del centro urbano, lo que lo convierte en un sitio de difícil acceso.CONTRATO Y PAGOSGuillermo Sáez-Llorens, entonces director de la CSS, firmó en marzo de 2012, bajo la modalidad de llave en mano, el contrato con FCC. Para esa época Javier Díaz era subdirector de la CSS y luego de la renuncia de Franklin Vergara como ministro de Salud, Díaz pasó a ocupar el cargo.Sin haberse recibido oficialmente un edificio, la CSS pagó 230 millones de dólares al contratista, al que se le redujeron las obligaciones para el suministro de los equipos de la obra.PROCESO Y DESCARGOSAnte las anomalías denunciadas, la investigación quedó a cargo de la fiscal quinta Anticorrupción, Janeth Rovetto.Luego de casi cinco meses de averiguaciones, ayer la fiscal llamó a indagatoria e imputó cargos por la presunta comisión del delito de peculado a Sáez-Llorens, al exministro Díaz y a otros cinco exfuncionarios de la CSS por supuestas irregularidades en el manejo del proyecto.Carlos Carrillo, abogado de Sáez-Llorens, manifestó no haber sido notificado de la diligencia y por lo tanto no haría comentarios.Sáez-Llorens también enfrenta un proceso en el Ministerio Público por el alquiler, en su administración, de 32 locales y un lote de terreno en la plaza El Cruce, en Pedregal, propiedad de Irnico, S.A., del empresario Fotis Taquis.En tanto, Clementina Rodríguez, abogada de Linnet Monterrey, ex directora ejecutiva nacional de Ingeniería y Servicio de Apoyo de la CSS y quien fue llamada a indagatoria, dijo que tampoco haría comentarios.Por su lado, el exministro Díaz informó de que mantendría silencio, porque no ha sido notificado por la fiscalía sobre este proceso judicial.