José Manuel Soria, ministro de Industria, turismo y energía, anunciaba, en abril del 2012, en Valencia, que su departamento “frenaría” la puesta en marcha de infraestructuras gasísticas como el almacén submarino Castor, para no incrementar la tarifa del gas natural. Soria explicó entonces que las infraestructuras gasísticas en España estaban sobredimensionadas debido a las inversiones realizadas en los últimos años y la caída de la actividad industrial.“El grado de utilización de las infraestructuras de gas está por debajo del 50 por ciento”, subrayaba, y añadía que a los inversores “hay que retribuirles, se utilicen o no” estas infraestructuras. El Gobierno aprobó entonces unas medidas, que, según Soria, iban en la línea de "retribuir el valor del capital de estas instalaciones, pero frenando su puesta en marcha”, de manera que el coste, que se repercutiese en la factura del gas, fuera más asumible. El ministro no entró a valorar el sobrecoste que, en concreto, tuvo el proyecto Castor, hasta los 1.300 millonesde euros cuando estaba presupuestado en 500 millones. Un mes más tarde, el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, anunciaba que las obras del almacén submarino de gas Castor, estarían acabadas el 29 de mayo de ese año, pero que el llamado gas no llegaría hasta el próximo 15 de junio. “La compra del gas colchón la organiza la Administración, y ha habido un retraso; nosotros acabamos las obras en las fechas previstas, pero tenemos que esperar porque el gas no estará disponible hasta el 15 de junio”, manifestó. La instalación ya había recibido gas en pruebas en las últimas semanas, con el fin de comprobar que todo funcionaba correctamente. Según el presidente de la empresa promotora del almacén, participada por ACS, “cuando esté en funcionamiento dará empleo a un centenar de personas, que cubrirán los diferentes turnos.Escal UGS no participará en el comercio de gas –la ley no lo permite–, sino que recibirá gas de sus clientes, lo almacenará y lo devolverá según estos se lo vayan demandando”. Estaba previsto que Enagas entrase en el capital de Escal UGS cuando la planta empezase a operar, comprando la mitad de la participación actual del grupo ACS, de manera que el capital de la operadora del almacén quedase repartido al 33,3 por ciento entre estas dos empresas y la canadiense CLP. La puesta en marcha del almacén se produciría dos meses después de que el ministro de Industria, J. M. Soria, anunciase en Valencia que paralizaría infraestructuras gasísticas como la de Escal UGS, para no incrementar la tarifa del gas natural. Sus promotores presionaron junto al Ayuntamiento de Vinaròs, y finalmente el Ministerio rectificó y permitió seguir adelante con el calendario previsto.
“La empresa de Florentino Pérez –dice Apocalipticus. Orer-blog.es– comenzó a inyectar gas en el almacén subterráneo del Castor, lo que provocó, en sólo seis días, 100 seísmos (algunos de hasta 3 grados en la escala de Richter) a 30 kilómetros de la costa. Los terremotos, pese a ser de baja intensidad, provocaron la alarma en la zona y duras críticas de los alcaldes y grupos ecologistas. La puesta en marcha del almacén subterráneo de gas sigue envuelta en la polémica. Y ahora no es por el desorbitado coste del proyecto, que será de 1.300 millones de euros frente a los 500 inicialmente presupuestados, ni por su contribución al encarecimiento de los precios del gas para los ciudadanos, ni por los cambios normativos ad hoc realizados por el Ministerio de Industria para facilitar a Florentino Pérez, presidente de ACS, su desarrollo y puesta en explotación.El problema tiene una mayor trascendencia social y ha puesto en alerta a toda la zona costera del Maestrazgo. ACS comenzó hace unos días a inyectar gas colchón, el que permite dar presión al almacén para que posteriormente pueda entrar en operación”. Los pequeños terremotos son casi imperceptibles tanto en mar como en tierra, pero su gran número en tan poco tiempo han disparado las alarmas en los municipios de la zona. Los alcaldes de Peñíscola y Vinaròs han criticado su excesivo número y la falta de transparencia. “Desde los ayuntamientos de Peñíscola y Vinaròs –informa el Periódico Mediterráneo–, se ha criticado el alto número de pequeños terremotos y sus posibles consecuencias para la estabilidad sísmica de la zona, a la vez que se exige una explicación a la empresa de ACS que explota el Castor. En Escal UGS afirman que estos pequeños seísmos son normales en este tipo de procesos de inyección de gas en almacenamientos subterráneos y estaban previstos. Grupos ecologistas y partidos como Compromís han criticado duramente estos días el excesivo número de terremotos y la falta de transparencia y de información de Escal, que no ha avisado de que habría tantos seísmos durante tantos días seguidos”. Hasta la madrugada del lunes al martes de esta semana pasada, ninguno de los seísmos había preocupado seriamente ni al ministerio de Industria ni al de Fomento. Hasta que un terremoto de 3, 7 grados registrado a las 21, 50 del pasado 24 de septiembre preocupó muy seriamente al personal y a las autoridades. Esa noche, los vecinos de Vinaroz sintieron el temblor y lo que había sido una polémica se convirtió en verdadera alarma social. En la mañana del martes, los ciudadanos comenzaron a llamar a los ayuntamientos de la zona (Vinaroz, Benicarló y Peñíscola) y éstos al Ministerio de Industria y al IGN. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de críticas contra Florentino Pérez y el Ministerio de Industria. Y sólo entonces, José Manuel Soria, ante un problema que podía írsele de las manos, reconsideró su actitud e hizo que Industria dictara el cierre temporal del almacén de Florentino. Ahora se abre un proceso de cuarentena, en el que Escal tendrá que aportar información detallada de cómo ha inyectado el gas y de por qué se han producido ya unos 160 terremotos. También el IGN tendrá que aportar otro sobre lo ocurrido y sobre las posibles consecuencias que tantos terremotos puedan tener en una zona de alta sensibilidad sísmica, la que va desde el Golfo de Valencia hasta las costas de Murcia.
También el Mar de Alborán, en aguas de Almería y Málaga, corre el riesgo de sumarse a la lista donde las grandes compañías petrolíferas piensan obtener hidrocarburos extrayéndolos con perforaciones a gran profundidad sin importarles los riesgos y daños derivados. Si nadie lo remedia, los trabajos preliminares a las prospecciones en alta mar en busca de gas natural comenzarán en 2014. Se trata de la realización de barridos sismológicos submarinos desde embarcaciones, mediante la emisión de ondas acústicas de gran potencia capaces de traspasar la lámina de agua de entre 700 y 900 metros para alcanzar los 2.000 metros bajo el suelo marino y determinar si frente a esa costa andaluza hay bolsas de gas natural, según cuenta la revista Nova Ciencia, en su número de septiembre. El mar de Alborán es zona de transición entre el Mediterráneo y el Atlántico y mezcla características de ambos. Es actualmente un ecosistema muy rico cuyas pesquerías son fundamentales para el equlibrio alimentario del sur peninsular. Varias voces ecologistas – Equo y Greenpeace especialmente– han puesto el grito en el cielo por el impacto que estos barridos sismológicos tendrán sobre flora y fauna marinas. Después vendrían las perforaciones. WWF ha mostrado su rechazo al proyecto, presentando alegaciones dentro del plazo de información pública del proyecto. La ONG denuncia que afecta “gravemente” a la red Natura 2000 y a los recursos piscícolas porque ocupa un área de navegación de 1.564 kilómetros cuadrados que “destaca por su riqueza pesquera y su altísima biodiversidad”. La amenaza de las prospecciones petrolíferas a costas y aguas españolas no deja de crecer, favorecida por una política general de potenciación de los combustibles fósiles, y especialmente los hidrocarburos, frente a las energías renovables o alternativas, por mucho que Soria, ministro de Industria, niegue la impresión que hay en Bruselas de que España no alcanzará el Objetivo 20/20 (veinte por ciento de energías renovables para dentro de siete años). En los últimos meses se ha insistido en los peligros y perjuicios que las perforaciones en aguas canarias de Lanzarote y Fuerteventura pueden causar no ya exclusivamente a los ecosistemas marinos, sino también a la industria turística isleña como principal fuente de riqueza a largo plazo entendida desde la sostenibilidad. La preocupación y el rechazo de los ciudadanos han crecido proporcionalmente en toda España, sumando los nuevos problemas derivados de la extracción del gas de esquisto a los ya sabidos relacionados con las perforaciones marinas a gran profundidad y dando lugar a iniciativas políticas. Sorprende el empecinamiento gubernamental en facilitar las búsquedas de petróleo y gas sin que esté demostrado que su explotación sea significativamente rentable en España. Mientras tanto el mismo ejecutivo boicotea por norma el crecimiento posible y rentable de las energías alternativas, de las que ya sí conocemos su rentabilidad social y ambiental.
El Gobierno canario ha pedido al Ejecutivo central que “frene de inmediato” las prospecciones petrolíferas previstas frente a Lanzarote y Fuerteventura, tras el informe del Comité Español del Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la Unesco, que alerta del grave impacto que generaría. Por su parte, Industria niega en un comunicado que el informe sea de UNESCO y sitúa su origen en Lanzarote. Enrique Hernández Bento, subsecretario general del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, señala que ese informe tampoco puede atribuirse al Comité Español de su programa Hombre y Biosfera (MaB), que no lo ha votado. Dice que se trata de un informe encargado por el Cabildo de Lanzarote, “entidad que desde el primer momento se ha opuesto a las prospecciones” Y recuerda que los yacimientos de esa zona del Atlántico podrían generar hasta 10.000 barriles de crudo diarios, suficientes para cubrir el 10 por ciento del consumo de petróleo de España. Pero, en un comunicado de la presidencia del Gobierno autónomo, tras las conclusiones de este informe “elaborado por un organismo riguroso” de la UNESCO, informa que cualquier otra postura del Ejecutivo que no sea la paralización inmediata de las prospecciones “chocaría frontalmente” con el interés general de Canarias. Por ello, insta al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy a “rendirse a la evidencia científica y a actuar en consecuencia”. El estudio alerta de que los perjuicios no se quedarían en aspectos de carácter medioambiental, ya que “los daños se extenderían al ámbito económico y, todo ello repercutiría en el bienestar de la población”,según el Gobierno canario. E incide en que la economía de ambas islas está basada en gran medida en el sector turístico, advirtiendo que “accidentales derrames de hidrocarburos podrían afectar a la biodiversidad de estas islas, a su patrimonio natural, a los intereses medioambientales y al turismo, por las posibles contaminaciones de las playas”.
La organización ecologista WWF afirma que el Estudio de Impacto Ambiental aportado por EIA (Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental) “carece de rigor y está plagado de omisiones, vaguedades e indefiniciones que impiden evaluar de forma objetiva el riesgo e impacto que tendrían las prospecciones petrolíferas”. Recuerda que existen informes elaborados por universidades, entidades científicas de referencia y organizaciones conservacionistas que avalan la importancia ambiental del área. Especialmente destaca por ser una de las áreas más importante del mundo para los cetáceos, con más de 30 especies, varias de ellas clasificadas como vulnerables y amenazadas en los catálogos de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Destaca la falta de rigor en el análisis socio-económico efectuado en EIA al omitir o minimizar impactos potenciales de gran repercusión en el ámbito insular, como la afección a sectores económicos tan importantes como el turismo y la pesca o el riesgo que supone para el proceso de desalación de agua marina, del que depende el 100% de la población de las islas orientales. Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, comenta que “EIA ha ignorado información científica crucial sobre los valores naturales del área, como la importancia mundial que tiene esta área para los cetáceos”. Y agrega que minusvaloró los impactos que el proyecto tendrá sobre la fauna y los ecosistemas marinos, por lo que pedimos que se repita este estudio de Impacto Ambiental presentado por Repsol para una evaluación adecuada del proyecto y que el Ministerio de Industria rechace el proyecto de explotación petrolera en Canarias dados los excepcionales valores naturales del área y la enorme oposición social al proyecto”.
Soria está obsesionado por el déficit energético español y ve con ilusión el proyecto. Según los cálculos de Repsol, en aguas canarias podrían llegar a producirse alrededor de 38 millones de barriles cada año, lo que equivaldría nada menos que a un 10% del consumoactual total de crudo de España. Eso, con una explotación efectiva de los posibles pozos de entre 20 y 30 años, 13.000 millones de dólares (unos 10.000 millones de euros) en inversiones y la creación de 5.000 empleos. El proyecto cuenta con el rechazo inicial del PSOE y del Gobierno canario, de la oposición regional de izquierdas, de los grupos ecologistas y de una parte sustancial de la población de las islas. Argumentan que eventuales vertidos procedentes de las zonas de prospección y explotación, que, en caso de producirse, pondrían en jaque toda la economía regional, basada en el turismo, y tendría graves consecuencias medioambientales. Existe una limitación oficiosa respetada de facto por España y Marruecos. Sin embargo, expertos en seguridad y defensa advierten de la posibilidad de que, en caso de Repsol encuentre petróleo, Marruecos se verá tentado a reactivar la vieja disputa sobre la titularidad de esas aguas. El Ejecutivo convalida los permisos que en 2001 le otorgó a Repsol YPF para llevar a cabo exploraciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote y que el Tribunal Supremo suspendió en 2004 por defectos de forma respecto a consideraciones medioambientales. Se apuntan unas posibles reservas de más de 100.000 barriles de petróleo diarios, lo que significaría reducir en un 10% las importaciones de hidrocarburos en España, que hasta la fecha tan sólo produce alrededor de 2.000 barriles al día. En todo caso, tras la aprobación de la autorización por parte del Gobierno, aún dista un largo camino.
“El vicepresidente económico y ministro de Economía del Gobierno español desde 1996, expresidente del FMI, saliendo cinco minutos antes de la quiebra de Lehman Brothers y actor protagonista del golpe a Bankia, que costará un puñado de decenas de miles de millones de los bolsillos públicos, vuelve a tocar la campana. Es de agradecer –nos recuerda J. R. Mora– que personas que se acercan a la edad de la jubilación sigan encadenando contratos que les permitan un retiro digno. Se agradece que haya empresas ejemplares que no dejen a sus empleados en el abismo del paro de larga duración a esa edad tan crítica. Se agradece que desde las grandes empresas, emblemas del éxito y reparto generoso de prosperidad, se siga dando ejemplo de que la honradez, el trabajo y la honestidad son los únicos caminos posibles. Espero que no tardemos demasiado en despertar un día soleado con la feliz noticia de que Tomás de Torquemada ha sido galardonado con el premio príncipe de Asturias de la concordia”.
La convocatoria tenía un “carácter pacífico” y era una respuesta social a los “recortes y a las políticas antisociales” aplicados por el Ejecutivo de Rajoy. “Creemos que luchas como las que se han desarrollado por la Sanidad, la Educación, o contra los desahucios son imprescindibles –manifestaron los convocantes– y no son suficientes”. Para este Jaque al rey se desplazaron a Madrid personas de todo el Estado transportados por autobuses desde distintos puntos como Valencia, Miranda de Ebro o Valladolid.Personalidades del mundo de la cultura y la universidad como el profesor Juan Carlos Monedero, Carlos Taibo o Carlos Bardem apoyaron públicamente este pulso a la monarquía. Casi un centenar de asociaciones, partidos políticos, colectivos profesionales, mareas ciudadanas y ramificaciones del 15-M se movilizaron para exigir la “abolición de la Monarquía”. El economista, politólogo y escritor madrileño, Juan Carlos Monedero expresa sus razones para apoyar este “Jaque al Rey”: “El rey fue el garante pactado por militares, burócratas del franquismo y los Estados Unidos (además del mismo Franco) de que la democracia llegaría a España sin pedir cuentas a los responsables del golpe de Estado de 1936 y sin exigir responsabilidades a los que mantuvieron a España bajo una dictadura durante 40 años. Esa impunidad política devino en impunidad económica, social, política, etcétera. Si los responsables de la dictadura podían ser los responsables de la democracia, ¿qué freno iban a tener? Eso explica que el rey, que carecía de patrimonio, sea hoy una de las personas más ricas de España. Como financistas de esa fortuna están los grandes empresarios, banqueros y constructoras que vieron en el rey la coartada perfecta para el entramado corrupto que hoy sufrimos. Igualmente, el rey es el referente de una versión de la historia de España donde no existe el pueblo ni la lucha por la democracia y, mucho menos, la lucha por la República. El ejemplo más claro fue ver al Borbóndando lecciones a los españoles con motivo del aniversario de la Constitución de Cadiz de 1812, dejando de lado el papel del pueblo –ejemplificado en Rafael de Riego exigiendo a Fernando VIIacatar la Constitución–. Esa lectura interesada de la historia de España coincide con la interpretación de la derecha, que tiene un relato sin fisuras que sostiene su privilegio y su desprecio por las formas democráticas”, explica Monedero.
Seis observadores de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación Europea) que habían llegado a España para evaluar el derecho de reunión y manifestación y pretendían supervisar con los ministerios de Interior y Exteriores, así como con la delegación del Gobierno y con los convocantes de la marcha “Jaque al rey”, fueron invitados por el Gobierno a abandonar el país. El Ejecutivo les comunicaba el viernes pasado que consideraba la marcha anticonstitucional y que lo mejor era que se fueran. La OSCE emitió una nota de queja y se preguntaba por “las intenciones” de las autoridades españolas. Entre ellos estaba Omar Fisher, el subdirector de Derechos Humanos de la OSCE, quien había llegado a España acompañado de Irina Urumova, asesora en derechos humanos de la institución y cuatro expertos: Aleksandra Dloubak, Bartlomiej Lipinski, Marcin Jezulin y Yevgenia Aretisova. Todos ellos pretendían reunirse con representantes de los ministerios de Exteriores e Interior, con la Defensora del Pueblo, la Delegación del Gobiernoy los convocantes del “Jaque al rey”. El responsable del Ministerio en las relaciones con la OSCE, Juan Armando-Andrada Vanderwilde Parada, les comunicó que el Gobierno consideraba la manifestación como un acto anticonstitucional y que por esta razón lo mejor era que se fueran de España. El mismo viernes, la OSCE publicaba en su web una nota en la que mostraba su decepción por la decisión de las autoridades españolas. “Como cualquier miembro de la OSCE, España se ha comprometido a garantizar el derecho de reunión y el trabajo de los observadores es crítico para asegurar que se respeta la libertad”, dijo Janez Lenarčič, para quien resultaba “sorprendente este giro radical” teniendo en cuenta que “nuestra oficina siempre ha tenido una buena cooperación con España”. El director la Oficinapara las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos añadía, de modo contundente: “La repentina oposición de las autoridades españolas provoca cierta preocupación por las intenciones que puedan tener mañana”. La OSCE llamó a las autoridades a asegurar “el respeto a la libertad de reunión, en la línea de los compromisos de la OSCE y otros estándares internacionales de los derechos humanos”.
He aquí cinco portadas de Lansac Films. La primera, formada por tres ex presidentes del Gobierno: Felipe González (PSOE), José María Aznar (PP) y José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Y el actual, Mariano Rajoy (PP), el único que se muestra con la lengua afuera. En la siguiente, Rajoy encuentra su oportunidad en el caos. Cristóbal Montorín, el bufón de la Cortedel PP. El PSOE prepara, por su parte, la jubilación de Rubalcaba. Por último, el asombroso mundo de José Mari y Anita.
En el segundo, el quinteto Chamorro, compuesto por Joan Chamorro (contrabajo), Eva Fernández (saxo alto), Iscle Datzira (saxo tenor), Joseph Traver (guitarra), y Olivier Rocque (batería), unido a Andrea Montis (voz y trompeta) forman un conjunto de ensueño, como podrán apreciar.
Como inicio de este otoño que acaba de empezar, no estaría mal que recordáramos a Miles Davis enAutumn Leaves (Hojas de otoño)
El gobierno del PP de Bauzá i Camps está demostrando estar ciego, sordo, insensible y mentiroso ante las protestas de la sociedad por la imposición del TIL sin consenso alguno y poniendo en peligro el futuro de la educación.