Veo en Twitter que Juanjo Romero recomienda el artículo de Francisco J. Contreras "El acoso a Andrés Ollero", publicado en ABC y recido por el blog Pensarporlibre. Comparto las ganas de risa a propósito de esos censores iluminados que recuerdan épocas históricas que creíamos ya pasadas. Pero que -remitiéndonos a los hechos- no queda más remedio que reconocer con vergüenza histórica propia y ajena como algo que hoy y ahora sucede entre algunos -esperemos que muy pocos- miembros del partido socialista español, en sintonía con izquierda unida y autodenominados grupos feministas. Quizá las altas temperaturas veraniegas han influído en el seso sorbido de estos pobres ebrios de pseudo-progresismo, que es retrogradismo en estado puro, y por eso se les puede perdonar tamañas sandeces. Incluso -dejaría en mejor lugar su imagen corporativa- quizá aparezca algún compañero de partido que les ponga públicamente en su sitio racional, cívico y político. Quizá no se les ha ocurrido pensar que lo que entristece del aborto, como del asesinato, del abuso de poder, del robo, de la violación... lo que en principio entristece radicalmente a la Iglesia Católica y a sus fieles es la degradación de la dignidad personal o pecado de quien los comete, mucho antes que de lo que sucede con las víctimas. Pero de esto habrá que hablar en otro momento. Esto leo en Pensarporlibre: Con el título "El acoso a Andrés Ollero", Francisco J. Contreras, publica en el ABC de Sevilla este espléndido artículo que reproduzco.
Me encantaría comentarlo; pero temo que no sería capaz de aguantar las ganas de reírme un poco de estos nuevos censores que han surgido en nombre del progreso. Pobre gente: desde que se les cayó el muro de Berlín y les golpeó el cráneo, van dando tumbos por el ring. Ya sólo les queda el laicismo fundamentalista para justificar su presencia en la vida pública.
Al trascender que será Andrés Ollero el encargado de redactar la ponencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso contra la ley del aborto, se ha desencadenado una tormenta de declaraciones en la que dirigentes de PSOE, IU y grupos feministas exigen que el nuevo magistrado se inhiba. Alegan para ello dos razones: sus conocidas opiniones antiabortistas (que le impedirían “ser imparcial”), y su pertenencia al Opus Dei. Ya hace unas semanas, el líder socialista Tomás Gómez había propuesto (cita textual) “elevar a rango de ley que personas que pertenezcan a pseudosectas como el Opus Dei no puedan ocupar responsabilidades públicas”.
Propongo al PSOE un método de acreditada eficacia, ya utilizado en los años 30 para proteger a la sociedad de la peligrosa influencia de otra “pseudosecta”: se cose a la vestimenta una estrella amarilla (en este caso, podría ser una efigie de Escrivá de Balaguer), y así ya no podrá colarse ningún sectario más en el Tribunal Constitucional. Y a los antiabortistas que no somos del Opus, nos podrían coser la imagen de un feto. Unos y otros deberíamos ser excluidos de cualquier posición pública (diputados, médicos, docentes…) donde se debata sobre el aborto. Pues, está claro, “no somos imparciales”.
Ollero no puede ser imparcial, aducen los críticos, porque son conocidas sus opiniones sobre el tema. ¿De verdad creen que los demás miembros del TC carecen de opinión sobre el aborto, la hayan expresado por escrito o no? El del aborto es uno de los grandes debates morales de nuestro tiempo: toda persona mínimamente cultivada tiene una posición al respecto. Pero la izquierda está tan segura de su hegemonía cultural que se autoinviste árbitro de la racionalidad, reservando la denominación de “opiniones” sólo para las distintas de las suyas. La derecha tiene “opiniones” (casi siempre “extremas”, “prejuiciosas”, “propias de ayatolás”: los tres calificativos han salido a relucir estos días en los ataques a Ollero). Las tesis de la izquierda, en cambio, no son opiniones, sino “derechos”, “avances sociales” y “exigencias de justicia”.
La insistencia en la adscripción católica del magistrado –como supuesto factor inhabilitador- me parece especialmente inquietante, pues confirma que, cada vez más, se trata a los creyentes como ciudadanos de segunda. El corolario implícito es: “Ollero va a fallar contra la ley del aborto porque es católico; estará, por tanto, imponiendo su fe a los demás”. Quien dice esto olvida que también él/ella tiene una “fe” (es decir, una cosmovisión, unas creencias sobre el sentido de la vida), y que su posición sobre el aborto estará tan influida por sus convicciones materialistas como lo puedan estar las del creyente religioso por sus creencias teístas.
Más importante: el bando abortista plantea las cosas como si sólo fuera posible discrepar del aborto libre en base a dogmas de fe (es decir, a “supersticiones”). Sin embargo, desafío a quien quiera a que encuentre un solo argumento religioso en las muchas páginas que el profesor Ollero ha escrito sobre el tema: una sola cita evangélica, una sola encíclica. Sí encontrará, en cambio, consideraciones racionales –comprensibles por cualquiera, con independencia de cuál sea su posición religiosa- sobre la problemática constitucionalidad del aborto libre en un país cuya Constitución proclama que “todos tienen derecho a la vida”. Argumentos jurídicos, filosóficos y científicos sobre por qué debe entenderse que este “todos” no puede sino abarcar a todos los miembros de la especie humana, incluidos los pequeñitos que dependen provisionalmente del organismo materno (¿desde cuándo el tamaño o el estado de dependencia excluyen a alguien de la especie?; ¿es menos humano un bebé que un baloncestista, o un tetrapléjico que Usain Bolt?).
Sí, es cierto que la Iglesia condena el aborto. También condena los atentados con bomba y la violación. ¿No deberían nuestros laicistas proponer la legalización de ambas cosas (si de lo que se trata es de desmarcarse a toda costa de la doctrina católica)? ¿Qué culpa tiene la Iglesia de proponer una moral razonable? Si tuviéramos que excluir de nuestras leyes todos los preceptos morales que históricamente tuvieron un origen religioso, ¿qué quedaría de ellas?
Andrés Ollero es un iusfilósofo de renombre internacional, con libros traducidos a varios idiomas. Es también un experto en jurisprudencia constitucional, como demuestran sus publicaciones. Y es un jurista serio que ―a diferencia de tanto “progresista” avezado en el “uso alternativo del Derecho”― sabe distinguir entre lo que la ley dice efectivamente y lo que a él le gustaría que dijera. Se está intentando reeditar el caso Buttiglione (rechazo a un candidato italiano –técnicamente muy competente― a la Comisión Europea, en 2005, exclusivamente por su condición de católico). Si el intento triunfa, tendríamos la confirmación definitiva de que la izquierda tiene en España el monopolio de la definición de lo decente, lo razonable, lo admisible y lo inadmisible. Y de que todos los demás sobramos.