Podríamos hablar de calles, de monumentos y de tantos recuerdos que permanecen en pie, mientras se está dejando morir a las últimas víctimas del franquismo y sus familiares, sin pena ni gloria, sin justicia, sin verdad y sin reparación. Habiéndolas condenado a ser víctimas de última clase, ni siquiera de segunda.
Sin embargo, el hecho más anómalo de los existentes es la perpetuación del Valle de los Caídos como templo mayor del imaginario nacional católico del Franquismo. Este Valle en Cuelgamuros ha mantenido su vigencia exactamente igual que cuando Franco vivía. Las mismas leyes, las mismas conmemoraciones, los mismos fantasmas en procesión cada 20 de noviembre, los mismos sacerdotes rigiendo una institución pública que cuesta al Estado –o sea a todos nosotros--, 115.000 euros anuales para beneficio y provecho de nacionalcatólicos impenitentes y nostálgicos que renuevan todos los años sus votos franquistas en la catedral fascista.
Y todo ello, a pesar de la Memoria Histórica, a la que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos no hace ni puto caso, con el permiso y la anuencia del gobierno pepero, y guiándose esta Fundación por un decreto ley de 1957, como marco legal. Una vergüenza que permite que el criminal español mayor del siglo XX esté enterrado junto a sus víctimas, miles de presos políticos obligados a erigir un monumento que perpetúa el triunfo del golpismo y más de cien mil muertos inocentes.
El Valle de los Caídos resiste todo y a todos. Desde la ONU, Amnistía Internacional, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo o el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel son muchos los informes que hablan de transformar este siniestro lugar en un recuerdo de la dictadura franquista, al estilo que se hizo con los campos de concentración nazis. Pero el gobierno, avergonzado como heredero de este periodo siniestro, prefiere callar y mantener una situación vergonzosa, antes que abrir un debate con las organizaciones españolas que luchan por la Memoria Histórica.
Este Valle de Cuelgamuros, con la alianza del gobierno, sigue negando la reconciliación y la memoria colectiva democrática a la que tienen derecho las víctimas de la Guerra civil y sus familiares. Y sigue siendo un lugar de encuentro de nostálgicos antidemócratas en cuya sede vuelven a reencarnar la memoria de las atrocidades de esa guerra civil, fruto del golpe militar franquista.
Da igual que tanto la basílica como el cementerio de ese reducto franquista esté regulado en la Ley de la Memoria histórica de 2007, donde queda prohibida la exaltación de la Guerra Civil y se insta a que se honre y rehabilite la memoria de las personas muertas a consecuencia de la contienda y de la represión de la posguerra. Todo permanece como hace cincuenta años.
Está claro que esta situación muestra un déficit democrático importante que, por miedo o por ideología –quizá por ambas cosas--, los distintos gobiernos no han sido capaces de superar.
La solución es sencilla: o se rehabilita como un centro de reconocimiento de los horrores del franquismo al estilo de los campos de concentración nazi, o se hace desaparecer. Lo que no puede ser, es que, después de tantos años, se mantenga un lugar y una institución fascista de propiedad pública, con dinero público, para fines de ultraje a una gran parte de los ciudadanos y en contra de la ley y de la historia.
Salud y República