Cuando en 15 de octubre de 1977 se aprobó la famosa Ley de Amnistía, con apenas veinte años, estaba cumpliendo el servicio militar en Sevilla y todavía no teníamos democracia, ni fuera de las tapias del cuartel, ni mucho menos dentro. Casi dos años después, en 1979, a poco me empura un triste capitán, de cuyo nombre prefiero no acordarme, por negarme a asistir a una misa con honores en memoria de Francisco Franco el 20 de noviembre, el día que se cumplía el cuarto aniversario de su muerte.
Esa sensación de que el franquismo sigue vivo, como un Guadiana que recorre sigiloso el subsuelo de nuestras vidas para aparecer cuando menos te lo esperas a imponernos sus deseos totalitarios, todavía me embarga hoy treinta y cinco años después de su desaparición.
En la memoria que tengo de mi familia existen contrincantes en ambos bandos, afortunadamente, que yo sepa al menos, ninguna víctima. Pero los más frecuentes son los supervivientes, que han tenido que sobrevivir todos estos años sin que deje de manar sangre de una herida ya atávica y desfasada. Sólo la memoria y el conocimiento de lo ocurrido podrán cicatrizar la llaga que ha sido incapaz de cerrarse sola durante este largo y tortuoso camino.
A día de hoy no creo que nadie quiera venganza y sí que la inmensa mayoría desea superar de una vez y para siempre ese pertinaz obstáculo que nos impide reconciliarnos con nosotros mismos. Para ello es indispensable la reparación y el reconocimiento a las víctimas y el devolverles a los seres queridos que un régimen salvaje les arrebató.
Una vez llegué a pensar que el Estado de Derecho cumpliría con esa sacrosanta obligación que le es inherente. Me temo que me equivoqué.
Lo ocurrido ayer con el Juez Baltasar Garzón no es más que la prueba fehaciente de ello. De nuevo vuelven a imponernos la ley del silencio, la de la mordaza, en una democracia que a poco que se esfuerza se muestra más ineficaz, como decía ayer el presidente de los Foros para la Memoria, José María Pedreño.
Pienso, como Almudena Grandes, que detrás de algo como esto hay otros motivos que se nos escapan y que atentan contra la base del sistema.
El poder judicial aprovecha cada ocasión que se le presenta para desprestigiarse y deslegitimarse más, no sólo amparando a los herederos de aquel régimen abominable que nos condenó a cuarenta años de asesinatos, silencio y oscuridad, sino permitiendo que corruptos que se aprovechan de sus cargos públicos para beneficiar a sus partidos y de paso enriquecer sus cuentas personales campeen por la geografía nacional jactándose de su inmunidad.
El poder político es incapaz de legislar leyes firmes que impidan tales actuaciones y, además, rompe los contratos suscritos con sus electores en las urnas como si tal cosa, arguyendo un bien común que generalmente se alinea con el beneficio de unos pocos.
Y los medios, adocenados y sumisos, menosprecian su papel de adalides de la democracia haciendo de pastores traidores del rebaño al que dicen servir.
Así las cosas, la única esperanza que le queda a un sistema democrático tan denostado como manipulado no es otra que la rebelión de la ciudadanía en defensa de unos valores que hoy andan perdidos en la letra pequeña de los contratos de las multinacionales y en los vericuetos de los intereses políticos.
Por eso pienso, hoy más que nunca, que Franco vive y, lo que es peor, que le queda larga vida por delante.