Hace ya unas semanas captaba nuestra atención la publicidad de una inmobiliaria que nos advertía de la pintiparada ocasión de adquirir, de manera franquiciada, una propiedad que el oportuno comercial da en calificar: "La historia de España". Dos fotos ilustraban el reclamo a grandes letras: El Pazo de Meirás y una casina solariega de Carmen Polo-Collares en Llanera.
El azar o el acierto del creador de la demanda hacía cómica esa relación entre "franquiciados" y la venta de uno de los inmuebles más representativos del patrimonio de los Franco. Y es que todo lo que rodea a la fortuna y bienes de la familia del dictador suele conllevar un halo tragicómico, esa escopeta nacional tan de Berlanga, y en ocasiones, tan nuestra (tan de ellos).
No pierdo el tiempo en citar la inconsistencia de la fortuna de los Franco, de su origen, de cómo es posible que un Jefe de Estado que se jactaba de cobrar una nómina de 50.000 pesetas =nunca llegué a saber quién le firmaría el extracto de su retribución) acumulase en 1940 una fortuna de 34 millones de las mismas (hombre, el tener en ellas estampada la cara daba algún privilegio, eso sí). Quizá amasar esa fortuna en solo cuatro años, en plena guerra y con ese sueldo, sea el milagro económico del que hablan los ya afortunadamente pocos defensores del franquismo en la actualidad, "haberlos haylos".
Ahora queremos referirnos a otra cosa, hablamos de un asalto al patrimonio nacional y ese uso hasta pornográfico del valor histórico de un inmueble como moneda para que la "familísima" siga haciendo negocio con lo que es de todas y todos: un pazo supuestamente donado al dictador gracias a las colectas gestionadas por la Falange y los ayuntamientos de la provincia de A Coruña en la época, recorriendo los promotores casas y aldeas a la búsqueda de donaciones (no siempre entusiastas pero sí bien vistas); un inmueble que no solo pertenece a todas y todos los gallegos, sino que representa lo peor de aquella España que se resiste a morir, que concebía la cultura como un escollo y la patria como un cortijo.
Cuando hablamos del Pazo de Meirás lo hacemos, también, de las dos esculturas del maestro Mateo que fueron separadas en tiempos, del Pórtico de la catedral de Santiago y que vagaron de mano a moneda y de atención a beneficio hasta permanecer retenidas por la familia Franco. Hablar del Pazo de Meirás lo es también recordar a Emilia Pardo Bazán y, sobre todo, a su biblioteca personal que ahora venden en bloque junto al edificio que legítimamente no les pertenece.
Y mientras eso pasa, sigue pasando, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 vuelven a ignorar la Memoria Histórica. El proyecto presentado por Montoro no aporta nada para las ya más que necesarias partidas destinadas a exhumaciones de fosas comunes y otras medidas de reparación a los y las represaliados tras el golpe de estado y durante la guerra civil y la dictadura.
Para la derecha gobernante el cero en la casilla de presupuestos es, sin duda, su manera de desmantelar y dejar sin ejecto la ley 52/2007, olvidando y volviendo a olvidar las víctimas del franquismo. Es su manera torticera de sacar pecho, con la camisa abierta mirando al astro rey.
Quizá esa sea la clave de la concepción de la patria, que de nada sirve tanta bandera en la pulsera, o a media asta en los cuarteles, si no te duele que se expolie el patrimonio cultural de tu país o que una familia se beneficie de lo que debería ser de todas y todos o que la verdad, la justicia y la reparación formen parte del quehacer de un gobierno democrático.
Nada es nuevo, ni la corrupción.