Leo en el diario El Correo una información, en la que el director de Cáritas Diocesana de Bizkaia, Mikel Ruiz, denuncia la estrategia impulsada por las administraciones públicas, que un día sí y otro también informan sobre presuntos fraudes en las ayudas sociales para después poder recortarlas. Dice Mikel Ruiz, y tiene toda la razón, que las instituciones utilizan como coartada una sospecha creada por ellas mismas que expanden como una mancha de aceite para legitimar una reducción drástica en los presupuestos destinados a cubrir las necesidades básicas de quienes carecen de recursos para vivir con dignidad. Estamos creando una sociedad insolidaria, en la que se protege el fraude fiscal de miles de millones de euros, los paraisos fiscales de ultramar y las sicav, mientras se crea un estado de opinión que alerta y alarma sobre presuntos abusos en las ayudas sociales, que se amplían y amplifican, al tiempo que nada se dice de los fondos públicos regalados a las empresas y menos aún de los privilegios concedidos a las grandes empresas. Una vez más, gobiernos e instituciones al servicio del capital y en contra de la ciudadanía a la que deberían representar.