Artículo de opinión EL CORREO. 30 septiembre 2013
Javier Madrazo
España se tambalea. La ciudadanía vive entre perpleja, indignada e impotente ante el periodo histórico más oscuro desde la Transición democrática. Los alores y los principios en los que entonces quisimos creer hoy se han derrumbado. La corrupción sistemática, organizada y amparada por los poderes del Estado, ha quebrado la confianza en aquellas instituciones que precisamente deberían de ser el ejemplo de honradez, sobriedad y transparencia. Leer la prensa, escuchar la radio o ver los informativos de televisión se han convertido en un auténtico vía crucis para el ánimo. Parece evidente que el dinero todo lo pervierte y quienes tiene acceso fácil a él nunca se dan por satisfechos.
En realidad esta es la lógica del capitalismo: la acumulación del mayor número de recursos en el menor número de manos posible, mientras se impone como consecuencia el empobrecimiento de la población. El llamado “caso Urdangarín”, que alcanza de lleno a la Infanta Cristina y la propia Corona, amenaza la estabilidad y el e futuro de la Casa Real, que no ha encontrado el respiro mediático que esperaba tras el escándalo Bárcenas y de los ERE. Siempre nos contaron que el monarca Juan Carlos I era un monarca sin fortuna, a quien ayudaron a subsistir un grupo de fieles a la causa. Ahora sabemos que tiene fondos suficientes para prestar a su hija, 1.200.000 euros, que con toda seguridad serán calderilla en sus cuentas personales. Por supuesto nuca sabremos cual es el patrimonio del Rey, ni tampoco conoceremos su origen. La futura Ley de Transparencia, poco más que un eufemismo, quedará en papel mojado sino incluye la obligatoriedad de hacer públicos con carácter anual los bienes y propiedades de los miembros de la Casa Real que cobran el erario público.
La crisis de legitimidad alcanza de lleno a la monarquía con el misma virulencia que al Partido Popular o al PSOE, La corrupción sistemática, organizada y planificada, parece tan enraizada en el sistema que apelar a regeneración suena a utopía, máxime si son los responsables de estas prácticas delictivas quienes pretenden enarbolar esta bandera en un intento por exonerar sus culpas, pasar página y mantener en un futuro sus mismos privilegios y statu quo tras un lavado de cara. Nadie duda a estas alturas de los poderes del Estado-Ejecutivo, Legislativo y Judicial- han sido conocedores, cuando no partícipes por acción u omisión, de actitudes reprobables, en lo que bien parece un complot orquestado para propiciar el enriquecimiento de las élites dirigentes, en las que se incluyen la Corona, las cúpulas de los partidos políticos y la banca.
Hay razones fundadas para la indignación, cuando no para la ira, pero en honor a la verdad debemos admitir que la sociedad española está dando muestras de una paciencia infinita, que también puede ser interpretada como muestra de impotencia. Sólo así se explica que en un contexto como el actual, en el que el desempleo, los recortes y las privatizaciones de los servicios públicos condenan a millones de personas a una situación de extrema vulnerabilidad, el descontento no estalla en nuestras ciudades. Es más, la respuesta ciudadana cuando surge, es siempre pacífica, caso del Movimiento 15M o las Mareas Ciudadanas, por ejemplo, y sus reivindicaciones se centran en la profundización de la democracia, la participación y la justicia social. Esta actitud cívica es el contrapunto a los abusos cometidos por quienes han ejercido el poder desde la prepotencia, pensando en el bien personal y no en el interés general.
Todas las encuestas coinciden en constatar la desconfianza ciudadana en relación con las instituciones más representativas del Estado y de la pérdida de credibilidad de la política y quienes se dedican a ella. Sin embargo, una vez más, la sociedad española, dando muestra de una gran madurez, no busca salidas falsa a esta crisis de legitimidad sino que apela a la defensa del compromiso público, y la corresponsabilidad, la solidaridad, y el respeto a los valores y principios que se presuponen a una democracia avanzada, aunque en nuestro caso, estos hayan sido vulnerados. En este escenario la izquierda, y no hablo de siglas, sino de ideología, se presenta como una alternativa, no sólo viable sino deseable. Izquierda Unida presenta una importante tendencia al alza, pero sus dirigentes no generan ni el discurso ni la ilusión que cabría esperar. Sus expectativas de voto tienen su origen en el descrédito ajeno y no en los méritos propios.
Es preciso avanzar hacia la constitución de un frente amplio que aglutine a las fuerzas y movimientos sociales que representen hoy a la izquierda alternativa y ciudadana en el Estado, poniendo especial atención en las personas más jóvenes, en los colectivos más comprometidos y en los más afectados por la ofensiva neoliberal. Izquierda Unida tiene un papel muy importante que jugar en esta dirección, pero para ello tiene que actuar con voluntad sincera de diálogo y generosidad suficiente para compartir espacio, planteando convocatorias abiertas y no excluyentes, es decir, no sólo a los de su “órbita”. Si su dirección, hoy copada por el “aparato” del Partido Comunista de España, no renuncia al intento de monopolizar ese proceso de convergencia, se podrán obtener mejores resultados electorales, pero se estará perdiendo una ocasión histórica de debilitar seriamente el bipartidismo y de hacer de la izquierda anticapitalista, ecosocialista y plurinacional, una verdadera alternativa de lucha y de gobierno. Son muchas las voces que reivindican un acuerdo de esta naturaleza, que conecta además, con el sentir de una parte importante de la población que demanda referentes políticos éticos, que tengan por bandera la integridad, fiabilidad y vocación social
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