Lo mismo sucede con las políticas de seguridad y defensa del gobierno, el giro en materia de derechos humanos, y sus posturas frente al legado de la dictadura y el consenso democrático: la evidencia histórica señala que, más allá de los discursos (y a veces ni ahí, recordemos que fue Macri el que empezó con lo del "curro de los derechos humanos"), cada vez que la derecha gobierna esa línea de pensamiento y acción va unida a política económicas de desregulación, apertura, destrucción de empleo y tejido industrial, valorización financiera y endeudamiento para financiar la fuga de capitales, como la sombra al cuerpo.
Con el marco legal que surge de las normas que dictó o impulsó, como el DNU 70 y la ley bases, Milei no redujo el desempleo sino que lo aumentó, no combatió el empleo no registrado sino que lo alentó eximiendo de consecuencias legales a los negreadores, no aumentó los salarios reales ni la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, sino que los redujo. Y la próxima reforma laboral -si prospera- no será la excepción, simplemente porque sus propósitos nunca fueron para el beneficio de las mayorías, cosa que cualquiera que tenga interés en el tema podría averiguar leyendo un poco sobre nuestra historia reciente o mediata, dado que el núcleo central de las reformas que ahora impulsa Milei es exactamente el mismo (y con propuestas calcadas) a las que en su momento impulsaron o aprobaron Videla y Martínez de Hoz (mutilando la Ley de Contrato de Trabajo), Menem y Cavallo, De La Rúa y Macri.
Cuando se dice que ese tipo de políticas no cierran sin represión no se trata de un simple cliché ideológico, sino de una constatación empírica: sea en forma abierta (como sucede con éste gobierno desde sus inicios con la protesta social) o como amenaza implícita, como está sucediendo con las fuerzas armadas; cuyo rol además es siempre auxiliar respecto del proyecto político al cual sirven: brazo armado de la nación para la defensa de su soberanía e integridad territorial, o cuerpo auxiliar de nativos que sostiene el orden colonial, como es hoy en día.
Se trata siempre de comprometer políticamente a las agencias armadas del Estado más allá de su rol estrictamente profesional, en el alineamiento incondicional con determinados objetivos políticos que no son los del país en su conjunto, sino de un determinado grupo político, que actúa ostensiblemente como gestor de los intereses de poderes económicos, del país y del extranjero; mientras se disuade toda oposición posible, mediante el uso o la amenaza del uso de la fuerza, sin mayores restricciones.
Porque el mundo financiero en el país es, efectivamente y más allá del rol teórico que se supone debe cumplir el crédito como dinamizador de la economía y el crecimiento, un nicho de la timba; y la única propuesta posible allí es regularlo desde el Estado, y fuertemente: con la derogación de la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz que aun nos rige para imponer límites a la voracidad del mercado, con controles al flujo de capitales o al acceso y manejo de las divisas, con mecanismos (como fue en su momento la reforma de la carta orgánica del BCRA) que permitan canalizar el ahorro de los argentinos a la financiación de la inversión productiva para crecer.