-¿Qué fue lo que encontraste en tu investigación sobre Mercedes Benz?
-Entre 1976 y 1977 había 4.000 obreros en la planta de Argentina. Estaban muy organizados, llevaban adelante actos de resistencia y huelgas contra la patronal. ¡En plena dictadura! Como parte de esta lucha, la producción llegó a caer un 40%. En esta situación, los patrones resolvieron apelar a métodos de terror. Muy pronto, los obreros pudieron apreciar que los jefes y gerentes eran aliados directos de los dictadores. Ellos denunciaron a los obreros más activos, que eran opuestos a la conducción del Smata, como “terroristas subversivos” o “agitadores”, tal como figura en los registros del Batallón 601. Esa denuncia de los gerentes a los militares equivalía a mandar a los obreros al infierno y a la muerte. El 19 de agosto de 1977, cuando desaparece el último obrero, el jefe de Mercedes Benz, D’Elía, insta a los militares, en una visita al cuartel de Ciudadela, a dar por concluidos los secuestros, ya que “ahora se arregló la situación”. En efecto, los obreros ya trabajaban con el terror adentro de sus huesos. Ello está registrado en los papeles de la empresa.
-Tu testimonio pone de manifiesto la fuerte resistencia obrera a la dictadura…
-Claro. Y hay que agregar la complicidad del Smata con los secuestros. Y del Partido Comunista, que consideró a Videla un “militar moderado” y sostenía a esa directiva del Smata.
-A partir de allí, aparece la figura del jefe de producción de la planta…
-Se trata de Juan Tasselkraut, quien era el enlace entre la empresas y los militares. En su familia, Tasselkraut tiene al menos tres chicos apropiados. Esta denuncia la llevamos a diferentes tribunales en el mundo. Acá lo hicimos primero en el juicio de la verdad, con el juez Schiffrin, en La Plata. Luego, iniciamos una acción penal en Buenos Aires y una demanda civil en Estados Unidos. Esta demanda es la única que hoy sigue en pie. La presentamos en 2004, y en época de Bush. Apostamos a que el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos contribuyera a sostenerla.
Aunque soy periodista, siempre traté de judicializar esta cuestión, para que no quedara limitada al terreno de una simple denuncia. Acá, en Argentina, hicimos una presentación penal por asociación ilícita. No sólo apuntábamos a los militares, sino a la parte civil, o sea la empresa. Y también al Smata y a gente como Carlos Ruckauf, quien, como ministro de Trabajo en la etapa inmediata anterior al golpe, colaboró con la patronal contra los obreros. La Justicia argentina pide testimonios y documentación a Alemania. Pero por un error de traducción, en vez de solicitarlo a los responsables patronales, lo hacen a responsables “sindicales”. En consecuencia, en Alemania son citados, no la patronal sino el jefe del sindicato de allá. En nuestra denuncia, sin embargo, figuraban los nombres propios de quienes debían ser citados. A partir de este episodio ridículo, el juez Rafecas -que suele posar de “progresista”- y el fiscal Delgado se desentendieron de la causa, con el argumento de que “no encontraron pruebas en Alemania”. Entonces la remitieron a un juzgado de San Martín, en relación con su posible conexión con el campo de detención que operaba en Campo de Mayo.
-¿Qué respuestas recibiste del gobierno a partir de tus investigaciones?
-En 2005 fuimos recibidos -junto a familiares de estos desaparecidos- por Néstor Kirchner. Prometió una investigación profunda y que la causa “no se iba a entregar al altar de los intereses económicos”. Nada de esto se cumplió.
-¿Cuál fue la conducta de los organismos de derechos humanos frente a tu denuncia?
-Cuando recibo la información sobre la apropiación de bebés (2004), lo primero que hago es llevar la denuncia a Abuelas. La abogada de Abuelas recibe el material, pero lo devuelven a las seis semanas, diciendo que no están interesadas. En las búsquedas que hice por mi cuenta, llegué a resultados importantes. Obtuve las partidas de nacimiento de los niños de Tasselkraut. Fueron inscriptos como hijos biológicos y nacidos de partos domiciliarios. Pero las parteras que firman los certificados están involucradas en otras denuncias de apropiaciones de niños. Una de ellas, incluso, había sido empleada del Hospital Militar de Campo de Mayo. Nada de esto despertó el interés de Abuelas. Presenté esta documentación al juez Bonadío, quien tampoco investigó. En el juzgado de San Martín citan a los chicos Tasselkraut, quienes reconocen que son adoptados y admiten, por lo tanto, el carácter fraudulento de sus partidas de nacimiento. El juez les realiza las pruebas de ADN, que resultan negativas. Pero es sabida que son muy pocas las muestras existentes en el banco genético. Entonces, el juez de la causa -Gurruchaga- da por prescriptos los hechos y absuelve a la partera involucrada y a los apropiadores Tasselkraut.
Cuando logro consultar el expediente, descubro que lo único que hizo el juez fue pedir los certificados de nacimiento que había presentado, para ver si los falsifiqué. O sea que me investigó a mí… En cambio, nada dijo de la discrepancia existente entre el lugar de nacimiento de estos chicos, según obra en el Registro Civil, por un lado, y en el Registro Nacional de las Personas, por el otro. En este último caso no figura parto domiciliario sino una dirección de San Martín. ¿Cuál? ¡La del Liceo Militar! Documentamos, en blanco y negro, que esos chicos nacieron en un campo de detención ilegal. Con esa prueba, sin embargo, absolvieron a los responsables. Nuestro abogado, el doctor Fachal, hizo una presentación contra este juez en el Consejo de la Magistratura.
-Actualmente, sos querellante en una causa por sustracción sistemática de niños que involucra a mucho más casos…
-Más de un centenar. Todas estas personas fueron inicialmente a Abuelas, pero no les dieron pelota. Es, por ejemplo, el de Marcela Rodríguez Procopenco, donde Abuelas negó públicamente que resultara hija de desaparecidos. Al ser reconocida como querellante, pude pedir pruebas formalmente. En primer lugar, pedí el secuestro de las inscripciones en el Registro Nacional de las Personas, para poder comparar las direcciones con los centros de detenciones, como había podido documentarlo en el caso de Tasselkraut. Estoy segura que de ese chequeo van a salir a la luz muchos casos. Los dos canales principales de las apropiaciones son los casos de nacidos en Campo de Mayo y los niños ‘distribuidos’ por el Movimiento Familiar Cristiano, que participó también de esta red. Además, muchos de estos chicos fueron bautizados en capillas militares. Por eso, también pedí el acceso a los libros de bautismo de la época. Simplemente, cotejar quién fue bautizado allí, y tenés otra pista.
-¿Hay una conexión entre estas apropiaciones y el tráfico de personas?
-Quiero destacarte que, cuando comienza la sustracción de niños, los militares utilizan los canales ilegales que ya existían: o sea, las parteras que se involucraban en las redes de trata o de abortos clandestinos. Naturalmente, esas redes continúan hasta hoy, y la negativa a investigar todo esto protege al actual tráfico ilegal que involucra, como sabemos, a niños y mujeres.
-Suele exhibirse un balance exitoso del hallazgo de niños secuestrados bajo la dictadura. ¿Cuál es tu propio balance?
-Es muy pobre. En treinta años de democracia no se hizo la comparación de registros que antes te mencioné. No se unificó el banco genético con el abundante material encontrado por antropólogos. No se hizo campaña para enriquecer al banco genético con más muestras. Como en el caso Clarín: “Si el banco da negativo, entonces es inocente”. ¡No es así! A esto, se agrega el vaciamiento de la investigación en curso en el juzgado de San Martín. Dos secretarias judiciales que venían haciendo su labor con responsabilidad, fueron separadas de su puesto de trabajo en el tribunal de Comodoro Py.
-¿Cómo explicás esto?
-Es que no hay voluntad política de que avance esta causa. Están los “pesos pesados”, como Mercedes Benz, como Bayer, e incluso un caso de tráfico de niños donde está involucrado el encargado militar de la Embajada de Estados Unidos.
-Nombraste a Bayer por primera vez…
-Es un caso similar al de Mercedes Benz. Se trata de una apropiación mediada por el Movimiento Familiar Cristiano, un bebé “NN” que fue a manos de un alto gerente, Lambert Court. A nuestro juicio, existen un 95% de chances de que sea hijo de desaparecidos. Más precisamente: se trataría del hijo faltante de la familia Oesterheld. Pero a esta causa tampoco Abuelas la quiere seguir y solicitó sacarme a mí, la investigadora, como querellante…
-¿Qué interpretación hacés de la posición de Abuelas y del gobierno?
-No quiero cargar la mayor responsabilidad en Abuelas, porque el verdadero responsable es el Estado y no una ONG. Pero, al igual que la Justicia, ese Estado es permeable a la presión política.
Hace un par de semanas, el principal director de la casa matriz de Mercedes Benz estuvo en la Casa Rosada, anunciando junto a Cristina Kirchner inversiones millonarias. Supongo que es un “paquete” que tiene a la impunidad dentro de él.
-Tenemos entendido que enviaste una reciente carta a la Presidenta…
-Sí, allí señalo que lo mínimo es que invite a las víctimas y les diga: “Muchachos, lamentamos, pero fueron entregados al altar de los intereses económicos”. Pero ni eso. Las causas siguen paralizadas.
-¿Cómo sigue esta lucha?
-Bueno, tenemos la cuestión del juicio en Estados Unidos, donde la Suprema Corte tendrá que decidir si la demanda sólo puede ser presentada contra individuos o también contra empresas. Esta demanda no sólo incluye a los familiares de los desaparecidos y a los sobrevivientes del terror, sino contamos como querellantes como Paula Logares, una de las primeras identificadas por la apropiación de niños, a manos de Rubén Lavallén, ex jefe de seguridad de la Mercedes Benz, y también con la abuela Elsa Pavón, quien ha hecho ya antes de 1983 un trabajo de investigación maravilloso.
Tengo toda la confianza de que podremos avanzar.