No es casualidad o coincidencia. Cada vez escucho a más ciudadanos defender la tesis del Ejecutivo según la cual hay que endurecer las medidas de acceso a prestaciones sociales bajo la excusa de una casuística malsana. El argumento popular deviene en sospechas contra la honestidad ajena y la convicción de que el arbitrio de políticas económicas duras es moralmente admisible, siempre y cuando estas no me afecten a mí.
La lógica de esta estrategia tiene una narrativa sencilla: las políticas sociales del Ejecutivo tienen como noble misión evitar la picaresca, el uso inmoral de servicios públicos. No es que quieran endurecer o limitar estos servicios; tan solo los limpian de la ineficacia que caracterizó al anterior Ejecutivo. Así, cuando el Gobierno pone en marcha una medida como la reciente prestación para parados de larga duración, establece criterios que limiten su acceso, acogiéndose a este criterio de saneamiento moral. Una excusa que -seamos honestos- funciona a pie de calle.
No es raro oír en la calle, en el bar, en la piscina, a ciudadanos que justifican las medidas del Ejecutivo, quejándose de la supuesta mezquindad de algunos parados, que -según ellos- se aprovechan de las ayudas que generosamente les ofrece el Gobierno. Este argumento es más que recurrente entre la ciudadanía, viralizado con eficacia en prensa y redes sociales. Su lógica se basa en estigmatizar a los ciudadanos como causantes del endurecimiento de las medidas, en vez de ser el Ejecutivo responsable final de las mismas. El déficit moral de la ciudadanía vendría a ser -desde esta lógica mezquina- la causa que obliga al Gobierno a limitar el acceso a las ayudas sociales. Pero no solo esto, también pone a unos ciudadanos frente a otros, generando la atávica percepción de que el trapicheo tiene su origen en las clases medias y bajas, pero silenciando adrede los excesos del sector financiero y la banca. Esta falacia desvía la atención del ciudadano hacia causas exógenas, asociadas a un modelo social disfuncional y no a las deficiencias internas de la propia política económica del Ejecutivo.El Ejecutivo de Rajoy utiliza el recurso a la casuística como cortina de humo que oculta y deforma su lógica tecnocrática. Los recortes adoptados por el Gobierno tienen como único objetivo la reducción del coste en servicios sociales. Pero esta estrategia crematística va -¡cómo no!- acompañada de una inteligente campaña de maquillaje que justifica ante la opinión pública la naturaleza moral de los recortes. Su justificación no revela las verdaderas intenciones del Ejecutivo, sino tan solo el discurso teatral con el que e pretende colar gato por liebre a la ciudadanía. El coste económico de las ayudas a los parados de larga duración está calculado al céntimo, ajustándose a la regla pragmática de menor gasto, mayor beneficio político.El Ejecutivo de Rajoy recurre, como fue también rasgo singular en gobiernos preconstitucionales, al orden social como estrategia política. Desde este punto de vista, el Estado es una especie de protector moral -que no económico- contra los pecados del pueblo y en pro de una sociedad honrada y temerosa de Dios. La culpa -evito adrede el término responsabilidad- recae en los excesos de un modelo social decadente, cuya complicidad fue auspiciada por los anteriores gobiernos socialistas, esquilmadores de los bienes públicos y propiciadores de la España del derroche y la subvención. Este es el catecismo dialéctico del conservadurismo político del Partido Popular, según el cual los roles sociales de la España del siglo XXI siguen reduciéndose a los tópicos personajes del honrado trabajador y el maleante sin escrúpulos.
Ramón Besonías Román