No nada mas se trata de que algún juez establezca quien tiene la razón histórica y legal sino que es un asunto de justicia social ante todo.
Porque lo legal no siempre -o casi nunca- es lo justo.
A la comunidad se le expropiaron 1200 hectàreas en 1981 para desarrollar y ampliar la entonces incipiente zona industrial. Se les prometieron infraestructuras como drenajes, agua potable, la perforacion de dos pozos, y que el asentamiento que data de 1900 no serìa movido de su lugar donde entonces habia 28 familias y hoy mas de 135.
Hasta se elaborò un convenio-promesa ante la autoridad agraria.
Pasaron 22 años y nada sucediò ni en un sentido ni en otro. Las empresas empezaron a llegar, poco a poco, pero el “desarrollo” social no. La comunidad lentamente ha quedado rodeada de grandes fàbricas, internacionales, de hecho son vecinos de los parques industriales Tres Naciones -una de las mas modernas de Amèrica Latina- asì como de Millenium y el Parque Industrial del Potosì.
Pero sus calles -todas sin excepciòn- son de tierra y apenas hace tres años que les colocaron algùn tipo de drenaje y agua potable, en algunas calles, y casi no hay luz publica ni mucho menos vigilancia.
La mayoria de la poblaciòn econòmicamente activa trabaja en la zona industrial, ganando salarios miserables la mayorìa, pues esa es la panacea del desarrollismo industrial, los bajos salarios.
Ningùn gobernador, se acordò durante veintidos años de que existìa esa comunidad engullida por los monstruos industriales.
Hasta que apareciò Marcelo de los Santos que en mayo de 2003 enajenò 6.5 hectàreas o un poco màs (66 500 metros cuadrados) de los terrenos expropiados en 1981, para venderlos a Parques American Industries, empresa de Chihuahua de capital americano pero con socios mexicanos, varios de ellos polìticos o hijos de polìticos potosinos, como Diego Valdez Labastida y Marcelo de los Santos Jr. entre otros. Y varios amigos de ellos desde luego.
Esa franja de terreno en cuestiòn, se encuentra situada entre la prolongaciòn de Av. Industrias, el Eje 136, el Antiguo Camino a Santa Maria del Rio y la empresa Zoppas, S.A. que es parte del Parque Industrial Tres Naciones.
De nada valieron los fallidos intentos de la comunidad, del ejido, de hacer valer el convenio que en 1981 el entonces secretario de gobierno Hèctor Gonzàlez Làrraga firmò junto con tres diputados y ante el delegado de la Reforma Agraria. Era solo un papel.
Durante los ùltimos diez años, la empresa American Industries ha intentado posesionarse del terreno que le comprò al gobierno, infructuosamente, pues la comunidad se ha opuesto y lo ha evitado.
Juicios han ido y venido. El gobierno de Toranzo y el de la alcaldesa Labastida, nomàs le dieron largas al asunto. Y buscaron beneficio personal y familiar
Hoy en 2016, un juez ha sentenciado que a la empresa le asiste “la razòn” y ordena que tome posesiòn y desmantele la cancha de futbol comunitaria.
Pero el problema no es en si la posesiòn de un terreno que por si misma no le resuelve los problemas de fondo a la comunidad.
El No-Conflicto que permea, que rodea al Conflicto, es màs grave.
Los intereses entre polìticos y empresarios dan de lado a los intereses de las comunidades, a cuyos habitantes les arrojan las migajas de bajos salarios -pero al menos es trabajo les dicen- y las promesas olvidadas y los cumplimientos tardìos.
De lo que se trata aquì es que el progreso, el desarrollo, tambièn beneficie -y de manera suficiente y justa- a las comunidades que fueron engañadas para ceder sus terrenos.
Es un asunto de justicia social y no nada màs de tenencia de la tierra.
Este conflicto y su no-conflicto, no podràn ser resueltos con falsas e hipòcritas mesas de mediaciòn por parte del actual gobierno de Carreras. Y està en riesgo de generarse represiòn y muerte, como en El Jaralito, a escasos dos kilòmetros de distancia de la Noria de San Josè, lo que ocurriò hace pocos años.
Se requiere el compromiso tanto del gobierno del estado como del ayuntamiento, en dotar de servicios plenos y dignos a esta comunidad. No se vale tampoco quedarse el margen como lo hace el alcalde Gallardo.
Pero lo que realmente pretenden tatno los industriales como sus socios los polìticos, es quitar a esa comunidad de enmedio, reubicarla en algun terreno baldìo, mas allà, donde no estorbe ni desmerite sus plusvalìas. Y esto es la verdad de fondo en este conflicto.
Y esto solo es la punta del iceberg en cuanto al desarrollismo industrial tan cacareado por los gobiernos -del partido que sean- pues dicho progreso solo beneficia principlamente a empresarios y a funcionarios y minimamente a la poblaciòn despojada de sus tierras bajo argucias legaloides.
Se sabe que American Industries tiene una relación empresarial con el hijo de Victoria Labastida y que incluso la compra que el gobierno realizó cuenta con diversas irregularidades que lo han invalidado, razón por la que se encuentra en litigio.
Con información de Movimiento Cìvico Democràtico, A.C