Orlando Oramas León.─ El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto abandonó de forma descarnada la tradicional doctrina Estrada (*) en materia de política exterior, luego de anunciar que colaborará con el gobierno de Estados Unidos en sus anunciadas sanciones contra Venezuela.
La subsecretaria de Hacienda mexicana, Vanessa Rubio, dijo que la administración de Peña Nieto entregará información fiscal y financiera sobre funcionarios y exresponsables venezolanos contra quienes Washington dictó sanciones.
Tales castigos incluyen la revocación de visas y el congelamiento de fondos y bienes, una política con la cual el gobierno mexicano se compromete a despecho de la diplomacia de respeto a la soberanía de terceros países que durante décadas le mereció reconocimiento internacional.
Rubio argumentó que la decisión se corresponde con acuerdos de cooperación bilateral y multilateral para detectar posibles ilícitos.
Sin embargo, no pocos se cuestionan en la capital mexicana si la medida se corresponde con las revelaciones del director de la Agencia Central de Inteligencia, Mike Pompeo, quien reconoció que se reunió con altos cargos de México y Colombia para coordinar acciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La subsecretaria de Hacienda indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera de esa dependencia federal buscará en su base de datos información que sea útil para la administración del presidente Donald Trump.
Reconoció que ya fueron adelantadas conversaciones con el Departamento del Tesoro de EE.UU. para activar los mecanismos de entrega de información contra el gobierno venezolano, lo cual hace más verosímil las denuncias del presidente Maduro respecto a la confabulación antivenezolana entre la CIA y la administración de Peña Nieto.
Antes se divulgó un comunicado conjunto de la Cancillería y la Secretaría de Hacienda en el que indican que la administración de Peña Nieto procederá ''en consecuencia' respecto a las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra Venezuela.
El texto, de dos párrafos, y que medios de prensa locales calificaron de confuso, utilizó el mismo lenguaje de la Casa Blanca para justificar castigos contra altos funcionarios del gobierno venezolanos.
Según el comunicado oficial, México asume como suyos los calificativos de Washington de que los funcionarios y exfuncionarios de Venezuela sancionados por el gobierno de Donald Trump lo fueron 'por menoscabar la democracia y los derechos humanos en dicho país, así como por participación en actos de violencia, represión y corrupción'.
México se ha puesto de lado de los que vuelven a apelar la vía del golpe de Estado contra el gobierno bolivariano, que ya lo enfrentó en vida del presidente Hugo Chávez, cuyo natalicio fue recordado en Ciudad México en la misión diplomática venezolana junto a organizaciones sociales y representantes políticos mexicanos. Para graficarlo de alguna manera: la Secretaría de Hacienda mexicana investiga por órdenes de Estados Unidos al ministro de Cultura de Venezuela, Elías Jaua, uno de los 13 sancionados por Washington.
Jaua fue vicepresidente, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, con la cual México mantiene relaciones diplomáticas que se deben regir por principios hoy violados al son de lo que manda la Casa Blanca.
El titular de Educación de Venezuela resultó elegido delegado a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, un recurso constitucional frente a la arremetida desestabilizadora a la se ha sumado México.
Pero siguiendo la misma tónica de Washinton, e incluso antes de que se anunciaran los resultados de los comicios en Venezuela, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto dijo que los desconocerá.
* Esta doctrina se manifiesta en contra de que los países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o ilegítimo.
Semanario Orbe/Prensa Latina