Los etarras Jesús María Ciganda y José Carlos Apeztegia, liberados esta semana por la Audiencia Nacional, deberían agradecerle a Franco la suavidad de su Código Penal, que imponía penas máximas de treinta años de prisión, aplicándoles luego reducciones que permitían la liberación muchos años antes.
Además, gracias a Franco, exigirán ser indemnizados por haber permanecido encerrados más tiempo del debido, advierten sus hábiles abogados de la antigua Batasuna.
A Ciganda, condenado a 822 años de cárcel por asesinar a nueve personas, tendremos que pagarle ese exceso desde 2011, aunque debería haber seguido preso seis años más, hasta 2019.
La Audiencia lo liberó aplicando un dictamen del Tribunal Constitucional fijando que los beneficios penitenciarios deben calcularse sobre la estancia máxima en prisión de 30 años, según la ley franquista vigente cuando lo detuvieron, alegando además problemas técnicos para aplicarle la doctrina Parot.
A José Carlos Apeztegia, con delitos de terrorismo sin sangre, se le aplicó el Código franquista y, además, la parte del Código de 1996 que reduce las penas a veinte años, como ley más favorable, porque no consiguió matar a nadie en un atentado frustrado: por eso deberá indemnizársele desde enero de 2012 hasta esta semana.
Los legisladores franquistas querían aparecer ante el mundo como bondadosos. Cuando publicaron su Código Penal, en septiembre de 1973, ETA había asesinado desde 1960 a cinco personas solamente.
Inmediatamente después, ya mató a seis el mismo 1973: la lenidad legal estimuló su eclosión.
Así, fue eliminando año tras año hasta casi 900 vidas, aunque desde el Código de 1996 el número de víctimas fue reduciéndose, excepto un año.
Con la entrada en vigor de la dura Doctrina Parot en 2006, casi dejó de atentar, hasta la última tregua.
ETA debería darle las gracias a Franco: bajo sus leyes mataba más porque recibía menos castigo.
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SALAS