Miles de personas llenamos las calles para defender el derecho a la educación, a la sanidad, a la calidad de los servicios públicos en general. Muchos colectivos estaban allí representados: funcionarios, médicos, enfermeras, profesores y maestros. Los cientos de miles de personas afectadas por unos drásticos recortes, por aquellos recortes que ya implataron los socialistas y por los nuevos del gobierno de Rajoy.
Había sin duda toda un grito común, un grito colectivo de hartazgo ante el atropello que supone que seamos los ciudadanos los paganos de una pésima gestión económica de los diferentes poderes políticos por un lado y por otro de un latrocinio por parte especuladores que han salido de rositas en esta gravísima crisis.
En la Puerta del Sol se leyó el manifiesto "Por unos servicios públicos de calidad":
"La evolución de los Estados democráticos en Europa a lo largo del siglo XX, y especialmente tras la II Guerra Mundial, ha estado vinculada al desarrollo de lo que se ha dado en llamar Estado de Bienestar Social, también conocido como Modelo Social Europeo.
La principal seña de identidad de este modelo es la respuesta a las necesidades sociales por parte de los poderes públicos y la articulación de sistemas obligatorios de protección, entre los que destacan los sistemas de Seguridad Social y Educación. A lo largo de las últimas décadas hemos ido avanzando en la universalización de los derechos a toda la población, cuestión en la que el movimiento sindical ha jugado un papel destacado.
En estos momentos, se produce una ofensiva muy visible en el terreno de los servicios públicos que son objeto preferente de las políticas de recorte que afectan de forma drástica a la educación, la sanidad, los servicios sociales, los medicamentos o la protección por desempleo, entre otros. Paralelamente, los mercados presionan en la lógica de favorecer la externalización de servicios que aspiran a gestionar desde intereses privados, viendo en los servicios públicos privatizados una enorme oportunidad de negocio.
La privatización y los recortes en los servicios públicos destruyen empleo, deterioran su calidad, empeoran las condiciones laborales de los empleados públicos (marcando a la baja el camino para el conjunto de la negociación colectiva), quiebran la igualdad de oportunidades y la cohesión social y ponen en cuestión la gratuidad y la universalidad de las prestaciones.
Todo ello es más grave en una etapa de crisis económica aguda en la que los servicios públicos deberían jugar un papel determinante para garantizar la cohesión social y en la que, tanto el gasto y el empleo público son decisivos en la dinamización de la economía.
En la Comunidad de Madrid, el Gobierno Regional lleva a cabo una política de recortes en los servicios públicos que está afectando de forma muy negativa al empleo y a la calidad de los mismos. Recortes injustificados por cuanto se producen en paralelo al incremento del presupuesto que financia a los servicios que han sido externalizados.
Así, mientras se detraen importantes recursos de la Educación pública, que suponen la pérdida de 3.000 profesores/as, se subvenciona mediante desgravaciones fiscales a las familias que llevan a sus hijos a la enseñanza privada y se incrementa significativamente el número de unidades concertadas.
En la Sanidad los recortes también suponen la pérdida de personal sanitario y la sobrecarga de trabajo de los que permanecen en el sistema, con el consiguiente empeoramiento en la calidad de la prestación, mientras en el presupuesto de 2012 se aumenta más de un 30% la partida que financia los conciertos con entidades privadas.
En las Universidades, los continuos recortes están provocando que éstas tengan dificultades para implantar el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y están deteriorando las condiciones laborales del Personal Docente e Investigador y del Personal de Administración y Servicios. Sólo con una financiación adecuada se podrá garantizar el acceso a la Enseñanza Superior a todos los ciudadanos a lo largo de toda su vida y en igualdad de oportunidades.
Estos recortes suponen la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo que van a engrosar las ya abultadas listas de parados/as madrileños y el alargamiento de la jornada laboral para el resto.
El conjunto de los servicios públicos madrileños se verá afectado por las consecuencias de los recortes: la desaparición de las medidas de calidad y de atención a la diversidad de los centros educativos (bibliotecas escolares, actividades extraescolares, desdobles, refuerzos, tutorías…), la disminución del tiempo de atención al paciente en los centros sanitarios o la ampliación de las listas de espera, también en la asistencia a dependientes, menores, residencias públicas de mayores, administración de justicia, medio ambiente, servicios públicos de empleo, lucha contra el fraude fiscal, atención al ciudadano, servicios de emergencias y protección ciudadana o en los transportes y medios de comunicación públicos.
Modificar las condiciones de trabajo de los empleados públicos, rebajando las prestaciones durante la incapacidad temporal o aumentando la jornada, es una flagrante e intolerable invasión en el derecho a la negociación colectiva que la Constitución Española, la Ley Orgánica de Libertad y el Estatuto Básico de los Empleados Públicos reserva a las trabajadoras y trabajadores, incluidos las empleadas y empleados públicos.
Después de treinta y cinco años de luchas y esfuerzos para alcanzar un cierto nivel de protección laboral, comprobamos cómo los derechos adquiridos en ese largo proceso son arrasados en una semana. Tener la mayoría parlamentaria no debería servir para cometer atropellos de esta magnitud. El peor de todos, agredir a los trabajadores del sector público, después de una intensa campaña de desprestigio social, y presentarles como parte del problema en lugar de un activo para nuestro país.
Todos estos recortes forman parte de la estrategia privatizadora de los servicios públicos que lleva a cabo el Gobierno de Esperanza Aguirre que pasan, como hemos visto en la Educación Infantil o en las Residencias para Mayores, por deteriorarlos para ponerlos luego en manos de la iniciativa privada. Esta política privatizadora, que descapitaliza al Estado y deja derechos básicos de los ciudadanos en manos de empresas privadas con ánimo de lucro, amenaza también a empresas públicas emblemáticas como el Canal de Isabel II, Radio-Televisión Madrid, o Metro de Madrid.
El conjunto de los servicios públicos madrileños se verá afectado por las consecuencias de los recortes. Conviene recordar a este respecto que la Comunidad de Madrid cumple los objetivos de déficit y que la Presidenta Regional ha alardeado de rebajar el tramo autonómico del IRPF, cuando el Estado ha regulado su incremento.
Quienes suscribimos este manifiesto no nos resignamos a sufrir un enorme retroceso en materia de derechos y de cohesión social y defendemos el Modelo Social Europeo como mejor garantía para el desarrollo económico y social. Por ello, trabajaremos en la lógica de promover la más amplia convergencia con aquellas organizaciones que compartan estos objetivos en el marco de una Plataforma para la Defensa de los Servicios Públicos en la Comunidad de Madrid".