Por Luis Sexto
En la situación de Alan Gross, la academia de la lengua… política quizás tenga que convocar un congreso para definir si la palabra subversión tiene dos entradas diferentes significando lo mismo, o es que hay más de un diccionario para juzgar o calificar los actos relacionados con lo político, según sea la banda desde donde se emplee el lenguaje.
Desde los Estados Unidos, en particular, Miami, Gross es un bienintencionado ciudadano que solo pretendía mejorar las comunicaciones con el extranjero a ciertos grupos de cubanos. Primeramente, los judíos fueron incluidos en la generosa acción. Y cuando los líderes de la comunidad judía negaron ser destinatarios de tan avanzadísimos medios de comunicación satelitales –para qué nos servirían, pudieron aducir-- las alegaciones involucraron, y esta vez al parecer con verdad, a los llamados disidentes, que en estricta definición lexicográfica son opositores proactivos y extranjerizantes del Gobierno de Cuba.
En nombre de una ley norteamericana que legitima la lucha por la democracia en Cuba –la Helm-Burton--, un ciudadano estadounidense puede violar las leyes de Cuba si sus propósitos se contraen a los ideales de un paladín de la libertad en un país que, a su entender, niega los valores democráticos según el diccionario de Washington.
Juzgando el caso con óptica política, es decir, utilizando el término política como un acróbata se sostiene en la cuerda floja, es decir, mediante el equilibrio, habría que empezar a preguntarse si la detención y posterior juicio de Alan Gross pudieron constituir, del lado de Cuba, un gesto de provocación, de mala voluntad hacia los Estados Unidos. ¿Le conviene al Gobierno de Raúl Castro empeorar las relaciones con Washington; resulta práctico enrarecer el efecto de las escasas medidas que la administración de Barak Obama ha adoptado, al menos para reubicar las relaciones entre ambos países en el punto previo al empeoramiento causado por Bush, hijo?
Pero otra pregunta pide su turno: ¿Cómo se explicaría que si La Habana está liberando a los condenados por delitos políticos –los de la causa de 2003, y de otros expedientes, salvo a los culpables de verter sangre- y además conmutó la pena de muerte a tres sentenciados por terrorismo, gestaría un nuevo conflicto al haber juzgado por subversión, sin pruebas, a un prominente ciudadano de los Estados Unidos? Por mucho que demos vueltas a la esfera de la política, tan redonda y modificable como el planeta, no aparece un móvil que justifique, por no repetir que explique, un comportamiento tan carente de sentido político.
El enfoque oficial norteamericano no considera que Alan Gross sea agente, aunque se le llame subcontratista, de la Agencia Internacional del Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) y que la simple gestión de repartir caramelos en Cuba sin permiso del Gobierno cubano, ya implique la violación de la soberanía cubana. ¿Acaso hacer lo mismo en los Estados Unidos, esto es, trabajar para otro país en territorio norteamericano sin registrarse en los libros del gobierno federal no supone un delito severamente castigado, aunque el presunto agente haya entrado legalmente al país?
Por ello, no culpen a este articulista de parcializarse. Sólo trato de apuntar que la razón no puede picotearse de modo que la acción que me disgusta es lícito cometerla contra otro si soy yo quien actúa. Y así vemos a la política mundial despojarse de sus ropas decentes para asumir, entre harapos, el papel de lo que en el español de Cuba llaman “guapería de barrio”. Por tanto, prepotencia sería la palabra que en el diccionario de la política resumiría las exigencias de la Casa Blanca por la liberación de Alan Gross.
De cuanto pueda especularse, lo que sí se presenta con las evidencias de lo real es que el juicio recién celebrado poseyó argumentos legales como para soportar su celebración. Y que es cierto también que el equipo de abogados cubanos del subcontratista de la USAID, desempeñó “una vigorosa defensa”, según calificativos de El Nuevo Herald, el pasado 5 de marzo.
Este proceso, con casi 14 meses de preparación luego del arresto de Gross el 3 de diciembre del 2009, tiene un significado que salta por encima de los alaridos del “exilio” de Miami y las amenazas de la señora Clinton condicionando el futuro de mejoramiento de las relaciones a la liberación de Gross. Pero ha de tenerse en cuenta un factor básico: con el juicio contra Alan Gross, Cuba defendió su soberanía e integridad. Porque a fin de cuentas, el Congreso de Estados Unidos ha destinado decenas de millones de dólares para que la USAID los emplee, entre otros empeños, para financiar a las grupos y tendencias que pretenden, dentro y fuera de Cuba, derrocar al legítimo gobierno de Cuba, y así recuperar Washington su hegemonía en esta isla llamada desde hace siglos Llave del Golfo. Ni la preparación intelectual del presidente Obama, ni su elocuencia han podido modificar esta política cuya víctima, en estos momentos, ha resultado el propio Alan Gross.
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