Por Leticia Jaramillo, responsable de identificación de proyectos de Global Humanitaria
A pocos meses de cumplirse 18 años de la firma del Acuerdo de paz firme y duradera en Guatemala, que dio por finalizado el conflicto armado que durante más de 30 años dejó un saldo de muertos y desaparecidos que supera las 200.000 personas, resulta pertinente hacer un breve análisis desde la mirada de los logros y retos que han significado para la sociedad guatemalteca su implementación, a propósito de la celebración del Día Mundial de la Paz (21 de septiembre).
Con la reincorporación de los insurgentes a la vida civil, se esperaba que se terminaran los actos de violencia y de violación de los derechos humanos, que en su momento eran cometidos por la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala –URNG- o por las fuerzas regulares del Ejército Nacional o la Policía, y que los esfuerzos se concentrarían en subsanar los problemas estructurales que dieron origen al conflicto. Muy por el contrario, los niveles de violencia en Guatemala se han incrementado y si antes estaba bien focalizada, tanto geográfica como poblacionalmente, actualmente es una situación que se ha generalizado. Con 48 homicidios por cada 100.000 habitantes, Guatemala es uno de los países “pacíficos y democráticos” más violentos de la región.
Son múltiples las causas de esta situación, entre ellas, que dentro de los Acuerdos de paz se previó la reducción del Ejército, que debía concentrarse en salvaguardar las extensas fronteras del país, pero ante la escasez de recursos esta tarea fue deficiente y se permitió que las fronteras fueran permeadas por el narcotráfico, que es uno de los actuales flagelos que agobia no solamente a Guatemala, sino a toda Centroamérica.
El proceso de reinserción y desarme de los miembros de la URNG tampoco se realizó al cien por ciento y los que otrora fueron militantes de la guerrilla revolucionaria se convirtieron en jefes de bandas y pandillas que asolan por igual a toda la población, en especial a los habitantes de Guatemala ciudad. Los pueblos indígenas continúan en el olvido tradicional y sus derechos siguen sin ser reconocidos; a esto se suma la crisis económica, la migración hacia los Estados Unidos por la falta de oportunidades para la población económicamente activa y la incertidumbre política que mantiene a los grupos políticos y a las élites tradicionales en el poder.
Se hace necesario el diseño de una agenda compartida entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil para que la nación en su totalidad avance hacia la implementación de lo plasmado en los Acuerdos de Paz que transcienda más allá de la voluntad de los gobiernos independientemente que su orientación política sea de derecha o de izquierda. De esta forma la firma de la Paz se convierte en la oportunidad para avanzar en la construcción de sociedades más igualitarias.
Imagen: Juan Díaz / Global Humanitaria