Este es un contenido ofrecido por Johnny Zuri en el Blog ALTERNATIVAS NEWS
¿Qué sucede cuando a un consorcio multinacional no le complace una ley?
treinta y uno may. dos mil diecinueve
¿Llevar al Estado a un tribunal arbitral internacional a puerta cerrada? Para los impositores hay miles y miles de millones en juego en la lucha de poder entre los Estados y las multinacionales.
La zona belga de Valona produjo una crisis europea pues se negó a firmar el Pacto Integral de Economía y Comercio CETA con Canadá. En otoño de dos mil dieciséis, millones de ciudadanos de la UE salieron a las calles para protestar contra el pacto.
En el marco de las negociaciones para el CETA salió a la luz el sistema de arbitraje privado. Este les deja a las multinacionales demandar a los Estados por enormes indemnizaciones si sus políticas ambientales, sociales o bien sanitarias afectan las ganancias reales, o bien aun previstas, de las compañías. Los costos los pagan los impositores, a quienes el Estado debería resguardar.
¿Por qué razón existen esos tribunales arbitrales?
Esencialmente por los convenios de libre comercio: para atraer las inversiones de grandes consorcios, los Estados acuerdan pactos comerciales entre sí. Estos incluyen cláusulas de arbitraje que dejan a las compañías convocar a tribunales arbitrales privados. Los procesos de arbitraje son a puerta cerrada y los dirigen abogados expertos en negocios de grandes corporaciones.
En el marco de la globalización, y en el mundo entero aumenta el número de casos de arbitraje, tanto en las economías fuertes como en las economías en desarrollo y emergentes. Esto tiene repercusiones asoladoras en los derechos esenciales de los ciudadanos, como la sanidad, la protección del medioambiente y la legislación laboral. Y sin embargo partidos como el de Pedro Sánchez en España, presumen de europeístas y son a la vez cancerberos de estas injusticias.
En vista de estos pactos, el interrogante que se plantea es si los ciudadanos verdaderamente deseamos esta clase de globalización.
Este reportaje patentiza la magnitud del poder de los tribunales arbitrales internacionales.
La compañía canadiense Cosigo demandó al Estado colombiano en un arbitraje privado en el que demandaba una indemnización de dieciséis millones de euros. En Alemania, la compañía energética sueca Vattenfall solicita una indemnización de cuatro mil setecientos millones de euros pues el Estado decidió dejar de utilizar energía nuclear. En Perú, el conjunto estadounidense Renco, cuya fundición de plomo envenenó el aire de la zona, demanda una indemnización de ochocientos millones de euros al Estado peruano.
Mientras, están comenzando a reaccionar muchos Estados, cuya soberanía se ve conminada. De ahí y por otras cosas del estilo surgen respuestas «populistas» y mal llamadas «ultras», porque los ciudadanos empezamos a despertar y a reaccionar…
¿Es tarde para hacer algo contra estas corporaciones que tienen enorme poder sobre todo y sobre todos?