El l0 de abril de 1808 Fernando VII abandonaba Madrid camino de Burgos, donde esperaba entrevistarse con Napoleón, habiendo dejado antes las riendas del Estado en manos de una Junta de Gobierno. El 20 de abril cruzaba el Rey el río Bidasoa, y el 6 de mayo siguiente renunciaba al Trono de España, comenzando un exilio que había de durar hasta el mes de marzo de 1814.
Tras el levantamiento del 2 de mayo, cada provincia formó una <<junta suprema», encargada de dirigir la resistencia contra el invasor, una vez hecha la declaración de guerra a Napoleón. El 25 de septiembre quedaba constituida en Aranjuez la Junta Suprema Gubernativa del Reino, como resultado de la fusión de todas las juntas provinciales.
Una vez producida la derrota de Ocaña, el 19 de noviembre de 1809, la Junta Suprema Gubernativa del Reino se retiró a Sevilla, pasando a partir del 23 de enero siguiente a residir en la Isla de León, donde días después se disolvió, delegando el poder en un Consejo de Regencia, que comenzó a actuar ocho días más tarde bajo la presidencia del general Castaños; antes, la Junta había convocado Cortes Generales para el año 1810.
Las Cortes se reunieron por primera vez el 24 de septiembre de 1810 en la Isla de León, donde permanecieron hasta el 24 de febrero de 1811, día en que se trasladaron a Cádiz, después de haber celebrado 332 sesiones, cuya labor legislativa supondría la demolición del Antiguo Régimen, que culminaría más tarde con la aprobación de la Constitución de 1812.
Algunos de los primeros proyectos que se presentaron a las Cortes tuvieron que ver con los premios que deberían concederse a los miembros del Ejército, ya que se consideraba que eran muchos los combatientes que habían hecho méritos en las innumerables acciones en las que habían participado contra los franceses, sin recibir recompensa alguna por ello.
En la sesión de 27 de enero de 1811 fue propuesta la creación de una Orden a la que se llamaría de «La Espada de San Fernando», destinada a premiar el valor militar, comenzándose a partir del 25 de julio a discutir los artículos que deberían formar el reglamento de dicha Orden, que quedaría redactado el día 20 del mes siguiente, permitiendo que el 31 de agosto se aprobase por decreto núm. LXXXVIII, cuyo preámbulo y primer artículo decía así:
«Don Fernando VII por la gracia de Dios, Rey de España y de las Indias, y en su ausencia y cautividad el Consejo de Regencia autorizo interinamente, a todos los que las presentes vieren y entendieren,
SABED: Que en las Cortes generales y extraordinarias congregadas en la Ciudad de Cádiz se resolvió y decretó lo siguiente. Convencidas las Cortes generales y extraordinarias de quan conducente sea para excitar el noble ardor militar que produce acciones distinguidas de guerra, establecer en los premios un orden regular con el que se consigan dos saludables fines, a saber: que sólo el distinguidomérito sea convenientemente premiado y que nunca pueda el favor ocupar el lugar de la justicia; y considerando al mismo tiempo que para conseguirlo es necesario hacer que desaparezca la concesión de grados militares que no sean empleos efectivos, y los abusos que se hayan podido introducir en dispensación de otras distinciones en grave perjuicio del orden y en descrédito de los mismos premios, han venido en decretar lo siguiente:
Articulo primero. Se crea una nueva Orden Militar, llamada Orden Nacional de San Fernando».
Las Cruces estaban pensionadas a partir de la tercera acción que mereciese tal recompensa. En el caso de los sargentos, cabos, soldados y tambores, la pensión sería transmisible a partir de la cuarta acción, al tiempo que se le concedería la nobleza personal.
El establecimiento de la Orden de San Fernando supuso un rotundo cambio en el sistema de recompensas vigente durante el Antiguo Régimen, dependiente exclusivamente de la generosidad real, a quien iban dirigidas todas las solicitudes al respecto, y cuya decisión dependía exclusivamente de su voluntad, sin que tuviese que atenerse a merecimiento alguno y sí, en muchas ocasiones, al origen familiar del peticionario, por 10 que casi siempre recaían en la nobleza.
Dentro de las recompensas de carácter honorífico, los reyes podían conceder la Grandeza de España, diversos títulos nobiliarios y el ingreso en determinada Orden.
Al comenzar el siglo XIX existían las siguientes Órdenes:
- La del Toisón de Oro, creada en 1429 en el ducado de Borgoña y transferida a la Corona española a partir del reinado de Carlos V, reservada a 10 más elevado de la nobleza. Las cuatro Órdenes Militares de Calatrava (1147), Santiago (1170), Alcántara (1176) y Montesa (1317), cuyos hábitos se destinaban a recompensar a la nobleza media y a aquellos oficiales de los Reales Ejércitos y Armada que hubiesen servido durante determinado número de años.
Dos nuevas Órdenes, además de la de San Fernando, nacerían durante el reinado de Fernando VII: la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, creada por real decreto de 28 de noviembre de 1814 y destinada a premiar la constancia militar (Fig. 4), y la Real Orden Americana de Isabel la Católica, instituida el 24 de marzo de 1815 para premiar honrosas conductas del personal hispanoamericano, Fig.3 Fig.4
Y por decreto de 19 de junio de 1833 la Cruz de María Isabel Luisa, a la que podían optar exclusivamente las clases de tropa (Fig. 7).
La Cruz de San Fernando mantuvo a lo largo del tiempo un gran valor debido a las condiciones que se exigían para conseguirla, y a que a la notoriedad de la hazaña había que unir un expediente de juicio abierto contradictorio en el que a través de las declaraciones de testigos presenciales pudiese quedar probado que el hecho estaba comprendido en alguno de los artículos del reglamento de la Orden, lo cual haría que esta condecoración fuese una de las más difíciles de obtener, dadas las exigencias requeridas.
Al reglamento de 1811 seguirían otros, que irían adecuando la normativa a los tiempos por los que atravesaba la Orden.
JOSÉ LUIS ISABEL SÁNCHEZNumerario http://realacademiatoledo.es/wp-content/uploads/2013/12/files_toletum_0048_06.pdf