¿Conclusión?Que el progenitor fue detenido. Con todo, el Juzgado de Primera Instancia eInstrucción número 2 de Úbeda decretó libertad para el padre, aunque se estáinvestigando si incurrió en un delito de detención ilegal. De hecho, fuentesjudiciales confirmaron a Ep que se la ha imputado este delito en la faseinicial del proceso. Con todo, ahora «hay que constatar, mediante lainvestigación del juzgado, que los hechos se corresponden con los que laGuardia Civil ha denunciado». No en vano, no se descarta que el caso seafinalmente archivado.
Laconsejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, estimó ayerque «las Fuerzas de Seguridad han seguido el protocolo que se siguehabitualmente» y, por tanto, la menor está acogida en un centro de la Juntaandaluza. También señaló que, siguiendo el protocolo, se está en conversacionescon los progenitores para «determinar si la menor se encuentra en una situaciónde desamparo o no, teniendo en cuenta que es menor de edad».
¿Malos tratos?Eltestimonio recabado por este periódico de fuentes cercanas al caso y de variosvecinos apunta a que la menor habríadenunciado malos tratos en la comisaría, porque, aseguraba, habría recibido unapaliza. Sin embargo, afirman, más que un castigo, lo que pretendía el padre era«ayudar a su hija, que está atravesando una situación complicada». Y,consecuentemente, «la joven se puso en contra de sus padres».
En todocaso, ¿cabe hablar de secuestro ante un castigo familiar? «Evidentemente queno», asegura a este diario José Luis Requero, magistrado de la AudienciaNacional. «Por supuesto que ha habido casos de padres que han tenido a sushijos enclaustrados y encerrados, pero en ningún caso se puede confundir esocon la patria potestad de los padres», asegura.
Para elmagistrado, casos «en los que un castigo familiar es confundido con un maltratoo incluso con un secuestro», tienen su origen en un punto concreto: «Lasupresión en el Código Civil, por parte de la anterior mayoría parlamentaria,del poder de corrección de los padres, que está llevando a este tipo deequívocos». ¿Conclusión? Que se producen casos que «atentan contra el sentidocomún».
De casa al juzgado«Se estánjudicializando cada vez más los conflictos familiares: hijos que denuncian apadres y padres que denuncian a hijos», asegura Federico Jiménez, juez decanode Sevilla. Así, «mientras los padres se ven amenazados por los hijos, éstosdenuncian los excesos de sus progenitores», añade.
Independientementede este caso, Valentín Martínez-Otero, doctor en Psicología y Pedagogía,considera que «se está produciendo una crisis de autoridad». «Desde pequeños»,explica, «se va inculcando a nuestros menores la idea de que tienen muchosderechos, pero no deberes». Por ello, en cuanto se produce cualquier suceso queles contraría, «encuentran ocasión para reivindicar los que consideran susderechos».
Una crisisde autoridad, asegura el psicólogo, «que acontece en la familia y que seextiende a la escuela». Algo «preocupante», pues la situación puede traducirsetanto en «indefensión parental como en indefensión docente». «Cuando se llamala atención levemente a los menores, ya se vive como si fuera un maltrato. Estoestá sucediendo», asegura. Por ello, Martínez-Otero recomienda a los padres quela autoridad, «que no autoritarismo», se ejerza con unas normas razonables«basadas en la reflexión con el hijo o alumno sobre la falta cometida».
Más casos«Cada vezrecibimos más casos en los que los hijos han perdido el respeto a los padres»,dice la psicóloga Marta Martín Cardeña. Sobre todo en esa franja de edad que vade los 14 a los 17 años. «Vienen a consulta con su propia idea de la justicia,repitiendo constantemente cuáles son sus ‘‘derechos’’», añade. Algo que puedeser favorecido «por aquellos padres que quieren ir de ‘‘colegas’’ de sus hijosy demuestran una tremenda falta de límites».
Respetandola decisión final de los jueces sobre el caso, desde el sindicato de profesoresANPE, su portavoz en Jaén, Roberto Sánchez, entiende que, por un lado, «laJusticia podría dar la sensación de que no valora mucho la autoridad, pero porotro también podría haber ocurrido que el padre se hubiera excedido en suautoridad».
En todocaso, cree que hay alternativas al margen de la detención policial. «Se podríahaber hecho a estos padres una llamada de atención o advertencia, más aún hoy,con la permisividad que hay en torno a ciertos movimientos juveniles». No envano, «no se puede pedir responsabilidades para unos y no para otros».
Al juzgado por la pagaLosconflictos entre padres e hijos llegan hasta límites insospechados. El añopasado una universitaria de Lugo denunció a sus padres porque no le subían lapaga mensual para «vivir dignamente». Eljuez dio la razón a los padres y la joven recurrió la sentencia, pero el juezvolvió a dar la razón a los progenitores. A la joven no le parecía suficienteque sus padres le pagasen el piso compartido con otras compañerasuniversitarias y los 600 euros mensuales para afrontar sus gastos diarios.Pedía que le subieran la paga a 800 euros, aunque para ello tuviera que llevara sus padres a los tribunales.