Que se reincorporen los activistas despedidos
Durante los días 7, 8 y 9 de mayo la ciudad de Córdoba se paralizó por la huelga de la UTA debido a la falta de pago del aumento salarial.
La paritaria cordobesa de los choferes estiró a 1.370 pesos (22%) el miserable 18% que firmó la UTA nacional. La diferencia se debió a una presión de las bases mediante varias asambleas autoconvocadas e incluso hubo un paro en la empresa Ciudad de Córdoba.
Al momento de abonar el aumento, las patronales de Córdoba sólo depositaron los 1.000 pesos subsidiados íntegramente por Nación, sin adicional ni retroactivos. Ante ello la UTA Seccional decretó el paro sin asistencia a los lugares de trabajo, aunque sin asamblea alguna. Las empresas cerraron los portones y no permitieron el ingreso de los trabajadores, lo que ya dejó a la vista su real intención: extorsionar, montados en el paro, para que la Municipalidad cubriera la diferencia.
Logrado el objetivo, las empresas comenzaron con amenazas de sanciones y despidos. El Ministerio de Trabajo provincial dictó en ese momento la conciliación obligatoria, a los fines de que la UTA aceptara el pago en negro de la diferencia y la convocatoria de una mesa de diálogo para discutir los retroactivos. Finalmente se levantó la huelga en esas condiciones.
El intendente radical Mestre tenía como plan de gobierno un tarifazo (28% de aumento, que estableció el boleto más caro del país) y un ataque a los puestos de trabajo y condiciones laborales. Para ello anunció que no otorgaría más subsidios a las privadas y que privatizaría la empresa municipal Tamse. La huelga ha golpeado fuertemente estos planes, y ahora este ‘noventista’ se encuentra de gira por Buenos Aires en busca de subsidios.
La situación tiende a agravarse porque las empresas no invierten ni un peso, a pesar de haber sido beneficiadas con un aumento de subsidios del 240% desde 2010. El vaciamiento es frecuentemente denunciado y enfrentado por los trabajadores.
Despido de activistas
La capacidad de acción de los trabajadores ha quedado de manifiesto, y ello ha llevado a un ataque generalizado del establishment, incluidos los kirchenristas, contra la huelga por su carácter ‘salvaje’. Sobre esa base apuntaron al despido de activistas: así fueron censanteados los compañeros Cesano, Tuero y Brian. La conducción ha dejado correr los despidos y sus delegados acusan a los despedidos de ‘cortarse’ solos, porque fueron impulsores de la lucha salarial. Durante los tres días de paro el compañero Cesano, integrante de la agrupación Ortuta, se encadenó a las puertas de la sede gremial.
Está en marcha el ajuste kirchnerista, al cual se han sumado De la Sota y Mestre. Los trabajadores, mediante un despliegue de fuerzas fenomenal, han conseguido una victoria, pero se enfrentan a nuevos desafíos, en primer lugar la reincorporación de los compañeros despedidos. Es vital arrancar una asamblea general para impulsar realmente esa lucha. Al mismo tiempo colocar el conflicto por los despidos como una causa popular en la ciudad, entre todas las organizaciones populares.
La crisis del transporte cordobés pone en debate la necesidad de la municipalización del transporte bajo control de los trabajadores.
Jorge Navarro