2. Es urgente racionalizar y modernizar el Estado para que esté al servicio de los ciudadanos, cumpliendo sus obligaciones eficientemente, al menor coste posible. Como no es sostenible seguir funcionando con 17 ruinosas Autonomías, queremos un Estado Unitario que garantice la igualdad de todos los españoles tanto en derechos como en oportunidades y obligaciones, pero respetando, en sus justos y ponderados términos, los hechos diferenciales existentes en nuestra nación que sean compatibles con nuestra condición y con nuestra vocación de Estado miembro de la Unión Europea. Los tres poderes del Estado —legislativo, ejecutivo y judicial— deben estar rigurosamente separados, pues es antidemocrático y perverso que uno de ellos invada y avasalle a los otros. Los funcionarios al servicio del Estado deben ser seleccionados mediante oposiciones transparentes con temarios únicos para toda España y deben poder servir en toda España sin ningún tipo de limitaciones. 3. No podemos mantener entidades o instituciones duplicadas o triplicadas y mucho menos inútiles, como el actual Senado. Cada función o competencia corresponderá a una sola Administración y a una sola institución. 4. España necesita renovar en profundidad su actual clase política y prescindir del régimen partitocrático que asfixia el progreso y desarrollo de la nación. La pasividad y la impotencia que manifiestan los partidos políticos no deben bloquear el cambio indispensable que demandan los sectores más lúcidos y dinámicos de la Sociedad Civil. La vigente Ley Electoral impide que los ciudadanos podamos elegir directamente a nuestros representantes y autoridades. Creemos que el voto nominativo en distritos uninominales nos devolverá el poder y la soberanía a los ciudadanos, que hemos de ser representados, en Las Cortes, por diputados que se deberán a los votantes, no a los partidos. Queremos acabar con el sistema de listas cerradas y bloqueadas, que sólo favorece a una partitocracia institucionalmente corrupta. El fuero del que gozan los parlamentarios debe ser efectivo únicamente para actos y dichos en sede parlamentaria. Para delitos comunes cometidos por políticos, debe ser competente la jurisdicción ordinaria. 5. Los sindicatos, las patronales, los partidos políticos y las fundaciones son organizaciones que deben ser financiadas por sus propios adherentes o militantes. El dinero de los españoles debe ser utilizado con criterios de eficiencia y con sentido solidario, pero no puede ser malgastado en instituciones de carácter privado, ni en arbitrarias subvenciones. En cambio, sí que debe potenciarse el crédito que se dirija específicamente a crear empleo y a mejorar productividad. 6. El ejercicio de la política no debería ser una profesión, sino una actividad transitoria. Los políticos deben percibir los sueldos correspondientes, mientras se mantengan en sus cargos, y cobrar las prestaciones que les correspondan de la Seguridad Social, a la que deben haber cotizado, si no obtienen un trabajo al abandonar la actividad política. Ningún político tendrá derecho a percibir ningún tipo de prestación del Estado una vez finalizadas sus funciones, exceptuando aquellas situaciones en que la seguridad personal y familiar pueda estar en riesgo.
Red de Ciudadanos Comprometidos