Tenemos el gallinero alborotado. O al menos tenemos a los partidos populistas intentando alborotarlo al grito de "para acabar con la pobreza igual hay que acabar con los ricos" (textual) y pidiendo impuestos "extraordinarios" al patrimonio por encima de 3 millones de euros.
Como siempre en estos casos, no se trata tanto de conseguir una medida real que solucione un problema real, como de ganar puntos en el juego partidista. Los populistas (y el Gobierno) están disfrutando de haber llevado a la oposición a oponerse a un "impuesto a los ricos", aunque para ello hayan tenido que anunciar un "impuesto a los ricos" tan absurdo que hasta los comunistas deberían oponerse. Porque hablamos de "anuncios", globos sonda, mensajes.
Pero claro, hablamos del capital. Hablamos del mal, un mal casi tan puro como cuando hablábamos de Franco. Defenderlo es perder votos, o eso esperan los populistas.
Los ministros, que cobran 80.000 euros año sólo por serlo, proponen un impuesto al mal por encima de 3 millones de euros. Para ponerlo en contexto, si todo ese mal rindiera un 3% anual, rentaría 90.000 al año.
Proponen un impuesto directo, extraordinario, sin matices, que tiene como gran virtud que no afecta a casi ninguno de sus votantes habituales. Porque ni siquiera Montero tiene tanto mal acumulado, aunque gane más que si lo tuviera.
Si dejamos aparte la propaganda, los tertulianos desatados y el cruce de etiquetas, e intentamos enterarnos de qué discuten, igual llegamos a conclusiones interesantes (ya que no útiles, porque aquí deciden otros).
El primer punto de interés es que la recaudación estimada del impuesto extraordinario no mueve la aguja. No soluciona el problema, No está ni a miles de kilómetros de corregir el desfase presupuestario, o el agujero de las pensiones.
El segundo es que tiene efectos secundarios. Repasemos un poco quiénes son esos malvados que acumulan más de 3 millones de euros e impiden a nuestros libertadores acabar con la pobreza. Hay cuatro grandes tipos.
Uno son los pequeños patrimonios de ahorradores o herencias. Hablamos de dos o tres pisos, alguna finca rústica, un fondo de inversión. Estas personas, con mucha frecuencia, son ya jubilados (por eso tienen patrimonios que se gestionan solos). Habitualmente, esos pisos tienen bastante tiempo y por eso su valor catastral es alto. Pero los ingresos de este tipo de gente, lo que cobran de todo ese patrimonio, no suele llegar aun 3%, lo que significa menos que un ministro. Si se les cobra un impuesto "extraordinario" del 3%, se les acaban de confiscar todos sus ingresos. Es un impuesto "confiscatorio": ara poder pagarlo, tienen que liquidar lo que puedan, y lo que pueden liquidar es la parte líquida, que es la rentable, lo que significa que no sólo les quitan todos sus ingresos del año sino parte de los del siguiente.
Dejando aparte la cuestión ética de un impuesto confiscatorio, este tipo de propietarios son los que cargan con montes y piedras: patrimonio que no sólo apenas es rentable, sino que requiere inversión para su correcta conservación. Patrimonio que se viene abajo cada día porque no hay con qué cubrir esos gastos. Ahora resta un 3% en efectivo.
Otro grupo son los pequeños empresarios. Tienen unos cuantos camiones y naves, o una cantera, o tres tiendas en una ciudad. Tienen una buena casa, igual otra en la playa, y normalmente poco ahorro porque meten todo el dinero en la empresa. Lo que no se suele recordar es que un puesto de trabajo cuesta mucho más que un sueldo: local, terreno, equipamiento, herramientas, stock de materias primas o producto, costes de operación. Gran parte de esos costes se cubren inicialmente con una aportación de capital, que suele seguir en el balance la empresa y marca el "valor contable"... y por tanto el patrimonio. Eso es "el capital". Es la suma del mal... o lo que hace posibles los puestos de trabajo.
Los pequeños empresarios tienen suerte si sacan más de un 3% anual al dinero que han dedicado a la empresa. En el último trimestre del año pasado la rentabilidad sobre activos fue un 3,7% anual, según CEPYME (los activos no son sólo el capital, pero por el otro lado, cualquier inversión va a venir de esa rentabilidad, y sin inversión no se crean nuevos puestos de trabajo ni se sobrevive, así que no toda esa rentabilidad se reparte a los accionistas: suponer que le sacan un 3% es suponer mucho.
Eso significa que si los dueños tienen que pagar un 3%, el dinero viene de destruir el capital de la empresa. Y el mal, como hemos visto, es la suma de los puestos de trabajo.
Un tercer colectivo serían las auténticas grandes fortunas, bien gestionadas y profesionalizadas. Esas fortunas que cobran por rendimientos del capital unas cantidades superiores al 3% del capital que tienen, y que lo saben colocar de modo que Hacienda lo mida del modo más favorable posible. A esas fortunas, el impuesto extraordinario les va a pasar rozando porque lo primero que harán será adecuar los valores de sus participaciones del modo más efectivo para evitar el impuesto. El valor contable de muchas empresas se va a desplomar este año.
Entendámonos. Esas fortunas, que son a las que debería ir dirigido el impuesto si de verdad fuera a por "los ricos", son suficientemente grandes para defenderse de él. Tienen ingresos suficientes para pagar a especialistas cualificados, y criterio suficiente para usarlos. Sus inmuebles están a nombre de empresas, y los deprecian cada año con las amortizaciones. El valor de sus empresas e inversiones se "ajusta a mercado" con facilidad, en el grado más conveniente fiscalmente.
El último grupo son los profesionales como la ministra Montero, con un sueldo alto y capacidad de ahorro, que se han ido comprando cositas (una casa en la Moraleja, o en Galapagar) y metiendo dinero en fondos de inversión, hasta sumar 3 millones de euros. La mayoría tienen cultura económica, así que no votan populista.
A este colectivo de diputados, ministros y otros "ricos" de gama baja, el impuesto les va a escocer pero no podrán esquivarlo: no tienen los medios, y pueden pagarlo. Están bien sujetos por la maquinaria de control del Estado, que sabe lo que ganan y dónde lo tienen, y no pueden permitirse auténticas sofisticaciones.
En resumen, el supuesto impuesto extraordinario directo sobre el capital va a poner contra la pared a ahorradores y propietarios de bienes no rentables, confiscando algo que ya ha pagado impuestos y arruinando a más de uno. va a dañar el tejido productivo español, sangrando a millones de PYMES, ahogando puestos de trabajo y reduciendo competitividad. va a ser toreado fácilmente por las grandes fortunas. lo van a pagar los profesionales mejor pagados del país (esos por los que se pegan todos los países y ciudades, compitiendo para que vengan a vivir, producir y gastar, porque son esencialmente móviles).
El impuesto al patrimonio "de toda la vida" (porque ya existe) suele tener una cláusula de deducción o exención por la que los bienes "afectos a la actividad económica" no se incluyen, o se incluyen parcialmente. Eso evita que tengas que liquidar tu empresa para para pagar por tenerla, básicamente (o vender un piso que tengas alquilado). El sentido no es sólo proteger esa actividad económica sino mantener el sentido común: el Estado ya se está llevando, a través del IRPF, una parte de lo que se consigue con ese patrimonio. Si matas la gallina, te quedas sin huevos, y es mejor huevo diario que pechuga una vez.
Un impuesto sobre el patrimonio es buena idea cuando tiene fines sensatos, como prevenir la acumulación del capital en manos de unas pocas grandes fortunas. Como medio recaudatorio, salvo que tenga las exenciones que acabamos de comentar, es pegarse un tiro en el pie y atacar directamente a la parte más productiva de la clase media. Media-alta, de acuerdo... pero desde la perspectiva de los ricos, cualquiera que lo pague es un rico de medio pelo.
Un impuesto real a las grandes fortunas, que aspire a recaudar, tiene que ir orientado a las rentas del capital, no al patrimonio, y estar bien pensado. Tiene que tener otro umbral, otras exenciones. Tiene, en resumen, que ser muy distinto. Pero claro, ese colectivo, como ya hemos dicho, se defiende, y tiene los medios para hacer daño a los populistas donde les duele (los votos). En cambio, la clase media alta, la burguesía que le decían antes, es presa fácil.
Así que esta cacería contra los ricos se reduce a una campaña recaudatoria contra los que no pueden pagar, los que no queremos que paguen, los que no queremos que se vayan para no pagar, y los que se ríen del impuesto. Y encima, no parece que genere ni remotamente el dinero suficiente para cubrir los gastos de una Administración que no deja de crecer ni para tomar impulso.
Está hecha de tal modo que afecta a la oposición (aunque Duque, Calvo y Celaá probablemente también paguen) y les obliga a aparecer como enemigos de los pobres. Y ese, estimados lectores, es probablemente su único objetivo."
MIGUEL CORNEJO