El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación penal por los términos del preacuerdo entre el Gobierno y la petrolera española Repsol por la expropiación del 51 por ciento de la firma local YPF.
El requerimiento del fiscal apunta al ministro de Economía, Axel Kicillof; al secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, y al titular de YPF, Miguel Galuccio.
La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo.
Los gobiernos de Argentina, España y México arribaron a fines de noviembre a un principio de acuerdo acerca de la compensación por la expropiación del 51 por ciento de las acciones que Repsol tenía en YPF, ocurrida en abril de 2012, sujeto a ratificación de los máximos órganos rectores de la petrolera española.
Argentina ofreció a Repsol hasta 5.000 millones de dólares en deuda pública garantizada del país.