La destitución del consejero de la Generalidad catalana Jordi Baiget por dudar de la viabilidad del referéndum para la independencia del 1 de octubre anunciado por Carles Puigdemont señala la capacidad de sacrificio patriótico de estos nacionalistas.
Baiget explicó que aceptaba ser inhabilitado o encarcelado por su rebelión ilegal contra el Estado, pero que no estaba dispuesto a perder su patrimonio.
Seguramente sabía que el Tribunal Constitucional haría pública horas después de sus declaraciones una sentencia por unanimidad declarando ilegal la parte destinada a gastos del referéndum en el presupuesto de la Generalidad de 2017.
“Independencia, sí, pero no con mi dinero”, vino a decir siguiendo el tópico del afanoso catalán con su capital, asustado con lo que podía caérsele encima avalando los gastos de un referéndum declarado ilegal por la más alta magistratura.
Cuando la justicia haga cuentas de la sangría que para toda España supone la aventura independentista, que rompe las leyes nacionales, internacionales y del sentido común, deberá ir contra los bienes de sus responsables.
Por eso todo lo relacionado con la independencia catalana hasta ahora son solo promesas de ruptura, grandes palabras, pero ni una sola ley en ejecución que pueda derivar en una condena por múltiples delitos de sus firmantes, empezando por el de prevaricación.
Todos saben ya que los tribunales españoles irán contra sus propiedades y por ahí no hay patria que le valga a un buen nacionalista.
Los anarco-anticapitalistas de la CUP son los únicos independentistas sin problemas: como tribu sin propiedades, carente de responsabilidades y parásita del resto de la sociedad, se permite ordenarle a Carles Puigdemont que firme ¡ya! la independencia.
Pronto veremos si el Molt Honorable rompe con el tópico del catalán para quien la única patria es su dinero.
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SALAS