Un informe de Human Rights Watch reveló que las mujeres y niñas con discapacidad en India son forzadas a ingresar en hospitales e instituciones psiquiátricas, donde afrontan condiciones insalubres, se arriesgan a ser víctimas de violencia física y sexual y reciben tratamiento involuntario, incluyendo terapia de electroshock.
Crédito: World Bank
¿Se imaginan ser ingresados por la fuerza en un hospital psiquiátrico y una vez allí ser abusados, maltratados y obligados a hacer tratamientos que son casi un tortura?
Bueno, esto es lo que viven centenares de mujeres en la India. Y lo peor: todo se hace con el aval del Estado.
“Las mujeres y niñas con discapacidad son abandonadas en instituciones por sus familias o la policía, en parte porque el gobierno está fallando y no está proporcionando el apoyo y los servicios adecuados”, dijo Kriti Sharma, investigadora de Human Rights Watch. “Una vez que están encerradas, sus vidas a menudo están plagadas de aislamiento, miedo y abusos, sin ninguna esperanza de poder escapar”.
Para está reconocida ONG, el problema es la falta de control que el Gobierno Indio ejerce sobre estos lugares. En el informe se revela las malas condiciones como el ingreso involuntario, el hacinamiento, la falta de higiene y la violencia física, verbal y sexual. Por ejemplo, cerca de 900 personas viven en Asha Kiran, una institución gubernamental para personas intelectualmente discapacitadas en Delhi, lo que supera casi tres veces la capacidad del hospital.
En un país donde la discriminación basada en el género es un fenómeno generalizado, las mujeres y niñas con discapacidad la pasan peor. A menudo rechazadas por sus familias que no pueden hacerse cargo de ellas, muchas terminan institucionalizadas. El proceso para institucionalizar a las mujeres y los hombres en India es el mismo. Pero las mujeres y niñas con discapacidad afrontan desafíos únicos que los hombres no tienen, incluyendo la violencia sexual y la denegación de acceso a la salud reproductiva.
Esto además se ve agravado por las múltiples barreras que impiden que las mujeres y niñas con discapacidad psicosocial o intelectual denuncien los abusos y puedan acceder a la justicia.
Vidya [nombre ficticio], una mujer de 45 años de edad con una discapacidad psicosocial, fue ingresada por su marido y sometida a Terapia de electroshock durante meses. “La TEC era como un túnel de la muerte. Tenía dolor de cabeza durante días (…) Cuando me redujeron la medicación, empecé a hacer preguntas. Hasta entonces, era como un vegetal. No fue sino hasta muchos meses después que me enteré de que me estaban dando TEC”, reveló.
Actualmente el Parlamento indio está tratando dos proyectos de ley para hacer frente a los abusos, pero esta medida es tardía e ineficiente.
No hay registros oficiales claros de los gobiernos ni estimaciones de la prevalencia de la discapacidad psicosocial e intelectual en India. El censo de 2011 calcula que el 2,21 por ciento de la población india tiene una discapacidad, incluyendo 1,5 millones de personas (un 0,1 por ciento de la población) con discapacidades intelectuales y apenas 722.826 (0,05 por ciento de la población) con discapacidades psicosociales (tales como la esquizofrenia o el trastorno bipolar). Estas cifras son notablemente inferiores a las estimaciones internacionales de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que calculan que el 15 por ciento de la población mundial tiene una discapacidad. El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de India afirma que un porcentaje mucho más alto de la población india sufre discapacidades psicosociales: entre un 6 y 7 por ciento (de 74,2 a 86,5 millones de personas) sufre “trastornos mentales” y entre 1 y 2 por ciento (de 12,4 a 24,7 millones), “trastornos mentales graves”.
El gobierno de India lanzó en 1982 el Programa Nacional de Salud Mental para ofrecer servicios comunitarios, pero su alcance es limitado y su implementación tiene grandes fallas ya que carece de mecanismos de supervisión. El Programa de Salud Mental de Distrito sólo está presente en 123 de los 650 distritos de India y afronta una serie de limitaciones, como la falta de accesibilidad y la escasez de mano de obra, la falta de integración con los servicios de atención primaria de salud y la falta de capacitación estandarizada.
India ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en 2007. Bajo el tratado, los gobiernos deben respetar y proteger el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y su derecho a vivir en la comunidad en igualdad de condiciones que los demás. Queda prohibida la institucionalización forzada. Sin embargo, las leyes de India permiten que los tribunales designen tutores para tomar decisiones en nombre de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, sin su consentimiento libre e informado, y el país perpetúa un sistema de salud donde las personas con esas discapacidades son segregadas en instituciones en vez de proporcionarles acceso a asistencia y servicios comunitarios.
En un intento por adaptar su legislación nacional a la CDPD, en 2013, el gobierno introdujo dos proyectos de ley en el Parlamento, el proyecto de ley de Salud Mental y el proyecto de ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, no otorgan plenamente a las mujeres y niñas con discapacidad psicosocial o intelectual el derecho a la capacidad jurídica ni el derecho a la vida independiente, tal como requiere el tratado.