Hernández Simón criticó duramente la actuación de la juez quinto del distrito en Ciudad Valles, acusándola de actuar de mala fe y de no considerar adecuadamente los derechos indígenas consagrados tanto en la Constitución Federal como en la Constitución del Estado de San Luis Potosí. Según Hernández, las resoluciones judiciales no solo ignoran una perspectiva de interculturalidad sino que además prolongan injustamente los procesos legales, aumentando los gastos y esfuerzos de comunidades ya empobrecidas.
El líder ejidal lamentó que, a pesar de las claras disposiciones legales a nivel local, nacional e internacional, las comunidades de Pilateno y otras áreas como Cuartillo Viejo, Ginebra, Tampacán, Axtla de Terrazas y Coxcatlán enfrentan una continua lucha por sus derechos frente a autoridades municipales que emplean argumentos leguleyos para evadir sus responsabilidades.
Por su parte, René Oyarvide, con 29 años de experiencia en la práctica legal, reconoció la frecuente insensibilidad de los juzgados de distrito y la omisión del Ayuntamiento en su Plan Municipal de Desarrollo para asignar presupuesto a las comunidades indígenas. Oyarvide sugirió la promoción de un recurso de revisión ante un colegiado de magistrados, quienes, no estando sujetos a intereses corruptos, podrían revertir la decisión desfavorable del amparo inicialmente desechado.
El diputado se comprometió a asistir a las comunidades afectadas desde el Congreso del Estado, instando a proporcionar el número de amparo para facilitar una revisión pública de la sentencia y, de ser necesario, exhortar al municipio a revisar su plan de desarrollo con el fin de asegurar la justa asignación de presupuestos y atención a todas las etnias del municipio.