El grupo óptico Indo que se encuentra suspendido de cotización después de haber presentado concurso voluntario de acreedores el pasado mes de junio, está a punto de presentar un plan de viabilidad (que deberá ser aprobado por los administradores judiciales, Agustí Bou y Josep Sabaté) para salir de su situación. El equipo directivo, presidido por Juan Casaponsa, es consciente de lo complicada que es la situación. Las cuentas del primer semestre muestran son una muestra del rápido deterioro del grupo empresarial. Se observa una profundización de las pérdidas (+32%). Los ingresos cayeron, en términos homogéneos, (descontados los ingresos de la cadena de tiendas Novolent), un 13,1% y el Ebitda mostró también un mal comportamiento.
Las cartas están sobre la mesa. Los directivos de Indo pretenden vender la empresa Expansión Visual SL, que gestiona la marca Novolent (27 tiendas en Cataluña y la Comunidad Valenciana). También la empresa International Vision Care, que opera con la marca Europtica está en venta. Está valorada en cinco millones de euros. También tienen a la venta las fábricas de China, Tailandia y Tarragona y una serie de solares y naves en varias partes de España. Todo está encaminado a obtener recursos financieros para poder seguir adelante. Las necesidades de tesorería son agobiantes. Pero no aparecen compradores.
Por otro lado, los accionistas han visto como desaparecía su patrimonio. En la última Junta de accionistas (28/6/2010) se procedió a dos reducciones de capital, pasando el valor de la acción de un euro a seis céntimos.
Por otro, los acreedores (el 85% son entidades financieras), en el contexto del concurso, corren el riesgo de una mengua importante de sus aportaciones si se llega a un acuerdo en el convenio que podría alcanzar hasta el 50%.
Hay que recordar que Indo obtuvo un crédito sindicado (Bancaja con el 36%, BSCH el 27%, BBVA 24%, Sabadell el 7% y Popular 6%), a mediados de 2009, por 35 millones que ayudó a mantener la actividad. Pero el acuerdo está sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones y a alcanzar determinados ratios financieros a finales de 2010. El crédito estaba estructurado en tres tramos, un préstamo a cinco años y dos cantidades destinadas a circulante con un alcance de 30 meses (finales 2011). Unas líneas que seguramente no se podrán renovar el próximo año.
Debido a este crédito sindicado las entidades financieras citadas tienen pignoradas las acciones de Industrias de Óptica SAU, Indo Lens Grup SLU, Indo Equipment Group SLU y los derechos de crédito con Expansión Visual así como una prenda sobre las marca Indo tanto a nivel español como comunitario. De todas maneras, la constitución de la prenda está ahora en manos del juez que tiene la potestad para declararla no válida si viera indicios perjudiciales al patrimonio de la empresa (art. 71.3.2º de la ley 22/2003, de 9 de julio).
El Institut Català de Finances (ICF) es otro de los afectados por el concurso. Prestó ocho millones a cinco años con garantía hipotecaria sobre un inmueble que la compañía tiene en Aravaca a la venta (contabilizado a un valor en libros de 336.000 euros).
La opción japonesa
Uno de los puntos que el auditor presentó salvedad a las cuentas de Indo de 2009 se centra en la alianza a la que se llegó el año pasado con la empresa con la multinacional japonesa Hoya. El punto más importante a día de hoy se centra en una opción de compra que la multinacional se reservó sobre una de las sociedades del grupo (Indo Lens Group SL) si la empresa española no cumple los compromisos del acuerdo. Durante este ejercicio la óptica catalana debía adquirir productos por valor de 8,5 millones (en medio año lleva adquirido tan sólo por valor de 2,57 millones) que, en el total de los seis años del acuerdo, alcanzan la cifra de 70 millones, por lo cual existe la posibilidad que Indo acabe en manos niponas.
Enfrentado a esta situación, Casaponsa está intentando renegociar los términos del acuerdo ya que durante el presente ejercicio Indo no podrá hacer frente a su compromiso. Además, en el caso de concurso de acreedores Hoya puede ejercitar la opción si durante tres meses no se cumple lo pactado (plazo que se cumple a principios de octubre).
En caso que se ejercitara la opción (también a expensas de la decisión judicial sobre su posible validez), su valor se definiría en función de varias variables. Existe un múltiplo sobre el resultado bruto al que habría de descontársele la deuda neta y una cantidad variable, entre 14 y 16 millones en función del año en que se ejercitara la opción.
En caso que se pudiera levantar el concurso y la acción volviera cotizar lo haría desde posiciones muy bajas. Después de las reducciones de capital su acción vale seis céntimos. Recordar que antes de la suspensión cotizaba a 56 céntimos cuando el valor contable estaba en un euro.