(JCR)
Hace un par de semanas se presentó un extenso informe de la ONU sobre los casos más graves de violaciones de derechos humanos cometidos en la República Centroafricana de 2003 a 2015. El documento, de casi 400 páginas, deja un balance aterrador de lo que los centroafricanos han sufrido a manos de dictadores, grupos armados, rebeldes de distinto pelaje y hasta fuerzas internacionales que supuestamente llegaron al país para protegerlos. Si tienen tiempo, este es el enlace donde se lo pueden descargar http://www.ohchr.org/Documents/Countries/CF/Mapping2003-2015/2017CAR_Mapping_Report_FR.pdf
Los 13 años cubiertos por el “Projecto Mapping 2003-2015” han estado marcados por una sucesión de crisis políticas graves en las que se han sucedido conflictos armados entre gobierno y grupos rebeldes, y también entre los propios grupos armados cuyas alianzas y rivalidades cambian de la noche a la mañana. Las víctimas han sido los civiles, sobre todo los más vulnerables como las mujeres y los niños que han sufrido desplazamientos forzados, incendios en sus poblados, masacres indiscriminadas, saqueos, reclutamiento forzoso de menores, violencias sexuales, torturas y un largo catálogo de horrores. En la República Centroafricana no se respeta ni a los trabajadores humanitarios ni a las instituciones religiosas, y aunque el informe solo cubre hasta finales del año 2015, los abusos siguen en todo el país sin visos de que el conflicto vaya a tener arreglo a corto plazo.
Esta investigación, que llevo siete meses, se realizó para llevar a la práctica una de las conclusiones acordadas tras el Foro de Bangui, que reunió a unos 600 centroafricanos a primeros de mayo de 2015. Consuela saber que a veces estas reuniones sirven para algo. Aunque las conclusiones no tienen carácter judicial, sí que podrán servir de base para ayudar a las autoridades en investigaciones futuras que realice la Corte Penal Especial, que durante estos días se está terminando de poner en marcha en la capital, Bangui, y que juzgara a los autores de los crímenes más graves cometidos en Centroáfrica. En este país, como en muchos otros de África, ha habido demasiados casos de criminales responsables de la muerte de muchas personas que terminan siendo ministros o asesores presidenciales. Terminar con este ciclo de impunidad es indispensable para prevenir nuevos ciclos de violencia y abusos.
Este informe dedica una atención especial a las violencias sexuales, un abuso especialmente repugnante que es utilizado sistemáticamente por grupos armados para sembrar el terror, humillar a las comunidades rivales y afirmar la crueldad de los combatientes. No hay ni un solo grupo en conflicto que esté libre de culpa, pero por desgracia los crímenes de carácter sexual son los que menos se denuncian. Según el informe, solo en el año 2015, los trabajadores sociales de las ONG, del gobierno o de Naciones Unidas, han documentado algo más de 29.000 casos de personas (en su mayoría mujeres) que han denunciado casos de abusos sexuales, sobre todo de violación, matrimonios forzados y esclavitud sexual. El 44 por ciento de estos casos fueron de violaciones realizadas por varios hombres armados a la misma mujer, casi siempre en presencia de los miembros de su familia.
A la hora de escribir estas líneas, Centroáfrica está aún muy lejos de conseguir una situación de seguridad que permita que las victimas puedan expresarse. El dia que esto suceda, otra institución prevista por el Foro de Bangui, la Comisión Verdad, Reconciliación y Reparación, tendrá que dar voz a todos los que han sufrido abusos para que puedan expresarse libremente y ver justicia realizada. No se puede olvidar que hacer justicia es una de las condiciones esenciales para sanar las heridas de un conflicto cuando una sociedad desgarrada intenta estabilizarse.