El potencial de crecimiento de un país viene determinado por el desarrollo de su tejido productivo y empresarial. El que diga otra cosa miente. Los políticos, en este sentido, deben fomentar ese clima con estabilidad, transparencia y, en definitiva, aplicando criterios de eficiencia y eficacia en la administración. ¿Cómo? Replicando al sector privado. Desburocratizar los niveles administrativos, bajar la presión fiscal o velar por la estabilidad presupuestaria son buenos ejemplos de ello.
No podemos tratar de orquestar un cambio del modelo económico desde las instituciones porque no sería efectivo. Sí podemos participar en él desde la administración a través de la política económica, principalmente la fiscal. Cuando bajamos la presión fiscal ocurren varias cosas. En primer lugar, aumenta la renta disponible del contribuyente y tiene más capacidad de consumo y ahorro (posponer el consumo), por otro lado, acude inversión nacional y extranjera a la circunscripción que ha adelgazado su marco tributario. Además, la administración reduce gasto no productivo (simplifica y agiliza los procesos) de modo que se reducen las barreras de entrada y surgen nuevas oportunidades de negocio.
Una vez llevado a efecto esto, el sector privado hará lo que tenga que hacer, es decir, aquello en lo que sea más competitivo. El proceso de convergencia y globalización es inexorable, como el tiempo, por eso debemos buscar ventajas comparativas y beneficiarnos del comercio internacional.
Apostar por los sectores improductivos pero excesivos en mano de obra a golpe de subvención es tan inteligente como hacer zanjas y enterrarlas, recordando a ese prestigioso economista que planteo determinadas fórmulas en un contexto donde ni el déficit ni el endeudamiento eran extrapolables a los que actualmente tenemos.
Iniciativa individual, sí; dirigismo político, no