Costa Salguero - Foto Telam
Por primera vez en su historia, la Legislatura porteña tratará un proyecto de iniciativa popular, es decir, una propuesta avalada con firmas de vecinos y validada por el Tribunal de Justicia local. Es el proyecto que recolectó más de 50 mil firmas para convertir al predio de Costa Salguero en un parque público, en contraposición con el diseño del Gobierno de la Ciudad, ya aprobado por la Legislatura, que permite la elevación de torres y el despliegue de comercios alternando con espacios verdes. Si bien será en la práctica imposible revertir el proyecto, también hay trabas para mantenerlo.La Justicia debe terminar de definir si es posible avanzar con ese desarrollo comercial, ya que la oposición porteña presentó un amparo ante la sanción de la ley que permite la enajenación de los terrenos. Luego se aprobó, en otra ley, el diseño. El recurso se elevó en 2019 tras la sanción de la norma que permite la privatización, cuestionando que no se había seguido el debido procedimiento al no haberse realizado una audiencia pública y una segunda lectura de la norma para su aprobación definitiva. La Justicia porteña falló ya dos veces en contra del oficialismo que en la Ciudad es Juntos por el Cambio y queda ahora la instancia del Tribunal Superior de Justicia, es decir la Corte porteña. Se trata de la ley de enajenación, mientras está vigente la del proyecto urbanístico en si mismo.
Ahora, la nueva conformación de la Legislatura de la Ciudad, a partir de diciembre pasado, traba varias posibilidades.
Para el Frente de Todos, que es la principal fuerza opositora no le alcanzaría con sus 19 bancas para una aprobación. Tampoco si sumara los 3 votos de la izquierda. Al oficialismo, si la Corte determinara la obligación de la audiencia pública y una ratificación en el recinto con mayoría especial, tampoco le alcanzaría con sus 32 votos, si se exigieran dos tercios del recinto, 40 votos.
La iniciativa popular para que los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco sean destinados a un parque público será debatida tras la consideración de la comisión de Asuntos Constitucionales de que el proyecto "cumple con los requisitos de admisibilidad" y puede ser analizado.
El dictamen fue firmado por legisladores de los bloques de Juntos por el Cambio (JxC) y del Frente de Todos (FdT) y de la reunión de la comisión parlamentaria participaron también las organizaciones ambientales que promovieron la iniciativa popular.
Para que una propuesta de vecinos tome estado parlamentario debe reunir al menos 1,5% del electorado de la Ciudad. En este caso, la iniciativa contó con más de 50 mil firmas y ahora la Legislatura cuenta con un año para darle tratamiento en el recinto.