Para no poner tantos calificativos en negativo, vamos a partir de la base de que una reforma laboral es necesaria. Desde esta necesidad imperiosa, y considerando que se trata de un mercado cuyos precios se estipulan oficialmente a través del salario mínimo interprofesional, de los convenios colectivos y de la legislación correspondiente; y que se encuentra en una situación en la que la oferta de trabajadores es sensiblemente superior a la demanda, solo queda una solución: Bajar los precios.
Así las cosas, no se trata de una reforma injusta, sino justamente la precisa para dinamizar o flexibilizar el mercado laboral, algo que pasa indefectiblemente por el abaratamiento del despido. Los otros dos epítetos que le dedican los sindicatos y el PSOE, ineficaz e inútil, serían más propios de una pitonisa, pues difícil es adivinar si resultará bien, o no, antes de haberse aplicado. Supuesto que el gobierno siga adelante con sus pretensiones y que al cabo de un año repunte el empleo, podríamos analizar si resultó justa o no, pero desde luego eficaz y útil habría resultado para el fin que perseguía.
El problema de esta reforma radica, en buena medida, en que los españoles leemos más el Marca que El País o El Mundo (el orden es por importancia en tirada), discutimos sobre Mourinho en el bar, y repetimos las consignas ofrecidas por los políticos de nuestra cuerda sin pararnos a pensar la conveniencia de las propuestas.
Los sindicatos han permanecido siete años en silencio, anestesiados por inyecciones de capital público, que todos hemos pagado a través de nuestros impuestos. La decisión gubernamental de reducir las aportaciones a estas entidades, así como otorgar más poder a los acuerdos particulares de cada empresa, termina con privilegios de ciertos prebostes más anclados en el siglo pasado que en un previsible futuro. Movilizar las masas no es una cuestión de defensa de intereses generales, sino particulares, por desgracia, en bastante buena medida.