Antes de que el conflicto llegue a un extremo de violencia, los habitantes de la comunidad están dispuestos a responder con acciones contundentes como el bloqueo del Libramiento Norponiente, a fin de que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen cartas en el asunto. Se estima la participación de alrededor de 800 familias.
En días pasados los representantes de la comunidad obtuvieron información acerca de diversos predios que fueron vendidos de manera ilegal a los fraccionadores. Entre los documentos con que cuentan están contratos de compra venta y poderes especiales a favor de Francisco Miguel Correa Viramontes, representante legal de la sociedad “Promociones Habi, S.A. de C.V.”
Destaca el ejemplo de la abogada Irma Blanco Hernández, que de un predio adquirido de manera irregular a su propia madre ( sin que exista escritura o antecedente alguno) en 98 mil pesos y con esto obtiene 36 millones. En agosto de 2014 firma un contrato preparatorio de promesa de compraventa con “Promociones Habi”, de una superficie de 175, 168.87 m2, ubicada en la comunidad De la Cruz, Mexquitic, por la cual las partes acuerdan un precio de 210 pesos por m2, es decir, más de 36 millones de pesos por el predio. El mismo fue certificado por el Notario Público Carlos Alberto Ordoñez Vogel. Sin embargo, la abogada compró el inmueble a Juana Hernández Hernández por la cantidad de 98 mil pesos, con la certificación del Notario Agustín Castillo Toro.
Asimismo, en abril de 2015 María Rafaela Hernández Aguilar celebró un contrato de compraventa, con el representante legal de “Promociones Habi”, de un terreno de 77 mil 059 m2 al precio de 150 pesos el m2, más de 10 millones de pesos en total. El predio fue comprado a Irene Hernández Salazar por 15 mil pesos. Otra persona que se ha visto beneficiada con las ganancias millonarias, es Israel Durán Marente, que vendió un terreno ubicado en la misma comunidad De la Cruz, por más de 2 millones de pesos. Ambos contratos fueron certificados por el Notario Público Carlos Alberto Ordoñez Vogel.
Apenas en diciembre del 2016 no obstante haberse interpuesto diverso juicio de amparo 1390/2016 ante el Juzgado Segundo de Distrito siguieron realizando inscripciones, fraccionamientos y registros ante instancias oficiales, todo con el aval del ayuntamiento de Mexquitic de Carmona y con otros notarios como es el caso de las certificaciones realizadas por Miguel Ángel Martines Navarro de fraccionamientos y lotificaciones enormes en áreas comunales.
La administración municipal de Mexquitic favorece a los grupos empresariales, por encima de la comunidad a la que por derecho le pertenecen esos terrenos, y el Gobierno del Estado es omiso. Ante este panorama, los habitantes de la misma llevarán a cabo acciones concretas para que las autoridades de los tres niveles de gobierno respeten el territorio comunal, que abarca una superficie de 2, 028 hectáreas, 18 áreas y 17 centiáreas.
Este asunto en el que se requiere la intervención del Gobierno Federal, ya que las ganancias millonarias que se tendrán de los desarrollos que ahí se pretenden, contravienen las leyes que pretenden obstaculizar el lavado de dinero. Los empresarios cuentan con información de diversos trazos carreteros que conectarían el Libramiento Norponiente con los fraccionamientos que están proyectando
Estos fraccionamientos ya fueron autorizados por el cabildo de Mexquitic de Carmona, para permitir a los fraccionadores realizar una venta masiva de lotes, los cuales van de 150 a 175 m2, y su precio oscila entre 2 000 y 2 500 pesos por m2 en las zonas más accesibles. Se habla de más de 60 hectáreas que conforman una ciudad paralela a la capital del estado. Lo anterior, a pesar de que el mismo Ayuntamiento no generó autorización alguna sobre estudios de mecánica de suelos, de impacto ambiental, hidrológico, edafológico, impacto vial y urbano, de riesgos, geo hidrológico superficial, y geofísico, así como un dictamen de compatibilidad con el área colindante a la ciudad de San Luís Potosí.
En este sentido, los habitantes del Ejido Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz exigen que se frene al autorización de compra de dichos terrenos, y se dejen sin efecto las que existan a la fecha. Estas ventas ilegales vulneran los derechos, la organización social, así como los usos y costumbres de las personas que integran esta comunidad. Asimismo que se verifique la legalidad de cualquier operación, a fin de que no se invalide, inscriba, o empadrone terrenos bajo presión y engaño.
Los representantes de la comunidad exigen que su núcleo de población sea reconocido, a través de un empadronamiento y registro de lotificación de predios comunales acorde a sus usos y costumbres, a fin de fortalecer la tenencia de la tierra comunal.
Foto/ Héctor M Guevara