Este es el caso de María de Jesús Almendarez, trabajadora del Gobierno del Estado, quien lleva más de tres años luchando contra los abusos y la indiferencia del Estado.
Primero un acoso sexual del cual se tiene una denuncia formal ante la instancia judicial y Derechos Humanos, cometido Juan Martín Gatica Izaguirre, representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado y que sin embargo Gobierno del Estados y Sindicatos se han unido para que todo quedé en la impunidad.
Marychuy fue comisionado al Instituto de las Mujer después de que en SEDUVOP la discriminaron al pedir que ya no siguiera trabajando en esa institución tras alzar la voz, esto bajo el aval del área de Recursos Humanos. Hecho que claramente significa discriminación contra una víctima del delito y que por dichas situaciones se le niega la fuente de trabajo a una persona.
Ahora el Instituto de la Mujer donde se encontraba comisionada por más de un año y donde realizaba su trabajo con naturalidad, mientras dejaba pasar el tiempo y veía como su caso se volvió en una estadística de impunidad más, fue ahora víctima de una arbitrariedad más.
La propia titular del Instituto de la Mujer Erika Velásquez, solicito ante Oficialía Mayor que Marychuy fuera reubicada, esto en represalia tras ella solicitar el formar parte de una encuesta que buscaría certificación de “no discriminación” ante la CONAPRED. Este acto incongruente que se traduce en un acto de discriminación por parte de Erika Velásquez se evidenció en papeles oficiales, incluso trabajadores de la propia CEDH reconocieron tal acto, teniendo que aceptar una queja contra la funcionaria.
De la noche a la mañana Marichuy fue desechada como objeto por intereses de la institución para quedar bien con la CONAPRED, pues Marichuy quien siempre ha alzado la voz representaba un “foco rojo”. Así el instituto podría simular que trabaja por las mujeres y niñas potosinas a pesar de la creciente violencia contra ellas en el estado y ¿por qué no? Más recursos.
Marichuy denunció públicamente dichos actos y lamentó que ni siquiera le dieron tiempo de sacar sus cosas de la oficina del Instituto de la Mujer, quedando casi “bajos las escaleras” en la Oficialía Mayor en espera de saber ahora que pasará con ella, pues al parecer para el Gobierno de Juan Manuel Carreras y sus funcionarios, las personas son objetos que cuando estorban se pueden mover de lugar. Igualmente lamentó que ninguna activista feminista haya alzado la voz por su caso o el de otras mujeres que han sido discriminadas y violentadas por el Estado.