En la capital les aguardaba un despliegue policial de más de 1.600 agentes antidisturbios, además de efectivos de la Guardia Civil y Policía municipal para evitar desórdenes y destrozos, a pesar de que la manifestación contaba con la correspondiente autorización de la Delegación del Gobierno. Semejante fuerza “disuasoria” parece demostrar que las autoridades gubernamentales no se fían de la libertad de expresión y manifestación de los ciudadanos y mantienen una presencia alerta que, más que disuadir, logra estimular a grupúsculos extremistas para enfrentarse a las Fuerzas del Orden.
Con todo, a pesar de los insultos y la provocativa presencia de la policía, la Marchade la Dignidadse realizó sin apenas incidentes para una manifestación tan numerosa y que pretendía exteriorizar el “cabreo” de los ciudadanos contra una gestión del Gobierno que entienden los castiga innecesariamente. Decenas de miles de personas, procedentes de todos los rincones del país, colapsaron el centro de la ciudad y se dispersaron tranquilamente, salvo los puntuales casos de enfrentamientos aislados que dejaron un saldo de veinte policías heridos e igual número de detenidos por vandalismo y agresiones. Algo semejante a lo que ocurre en cualquier partido de fútbol de los considerados de “alto riesgo”, pero con menor trascendencia.