Mejorar la conexión a Internet en Venezuelaes la bandera enarbolada por laComisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel). Esto para llevar adelante la implementación de un punto de intercambio de tráfico de Internet (IXP, por sus siglas en inglés).
Desde el organismo señalan que una de las "bondades" de esta iniciativa es que permitiría reducir los costos operativos de las compañías prestadoras del servicio. Esto redundaría en mejores tarifas para los usuarios.
"La estructura de tráfico nacional y las Redes de Entrega de Contenido (CDN, por sus siglas en inglés) permiten que se reduzcan esos costos. Que el tráfico de alta demanda se atienda en el territorio y sobre todo que disminuya la latencia". Así lo explicó un representante de Conatel durante el evento Tendencias del Mercado 2021 organizado por la Cámara Nacional de Empresas de Telecomunicaciones (Canaemte).
Pese a que la creación de un IXP podría brindar estos beneficios, diversos especialistas han alertado sobre los peligros que este proyecto podría suponer en términos de censura y pérdida de derechos ciudadanos.
Una de estas voces es la de David Aragort, entrenador en seguridad digital de la ONG Redes Ayuda. Él explica para El Diario que en el caso venezolano los posibles beneficios de construir un IXP quedan opacados al compararlos con el riesgo que puede representar para la libertad de expresión en el país.
Sostiene que existen razones para estar alarmados de que Conatel "desempolvara" un proyecto que se planteó en el pasado, pero que no llegó a concretarse. Uno de esos motivos es el historial de censura y bloqueo del régimen a páginas web. Especialmente de medios de comunicación; así como los bloqueos selectivos de redes sociales en momentos puntuales realizados desde proveedores de Internet tanto estatales (Cantv y Movilnet) como de empresas privadas (Movistar, Digitel e Inter).
Pone como ejemplo de esta situación que a organizaciones como Redes Ayuda, Venezuela Inteligente, Internet Society capítulo Venezuela, IPYS y Espacio Público no las hayan invitado a participar en la creación del IXP.
Aragort recuerda que la idea de crear un punto de intercambio de tráfico de Internet no es nueva, pues en el año 2015 se produjeron los primeros pronunciamientos desde miembros del Estado venezolano que evidenciaban la intención de crear una de estas infraestructuras. Para ese momento se hablaba de que su construcción tendría que "producirse en el corto plazo", sin embargo, esta idea no se materializó.
El experto en seguridad digital comenta que no fue sino hasta el año 2020, luego de cinco años, que Conatel convocó a un sector de los proveedores de Internet más importantes del país para reunirse y coordinar finalmente la creación del IXP.
Considera que el retraso en su implementación no ha tenido un origen económico, sino que el principal obstáculo ha sido la falta de voluntad política.
"Hasta hace muy poco existía una política de Estado que dificultaba la inversión en el sector de telecomunicaciones del país y que asfixiaba mediante estrictos controles de precios a algunas de las principales empresas como Movistar y Digitel e incluso la misma Cantv", asevera.
Cree que el motivo detrás de que el régimen vuelva a insistir en la construcción de un IXP está relacionado con su intención de aumentar su control sobre las plataformas digitales. Es por esto que apunta que no es una coincidencia que la propuesta de Conatel ocurra al mismo tiempo que se está planteando realizar una reforma de la Ley de Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios Digitales, así como en la Ley de Ciberespacio.
"Ya hemos visto lo peligrosas que pueden ser estas herramientas en manos de la dictadura, como ocurrió con el caso de la inconstitucional Ley Contra el Odio, que la han utilizado para, entre otras cosas, detener, silenciar y encarcelar a periodistas y otros ciudadanos por tuitear, subir estados en WhatsApp, publicar en Facebook, subir videos a TikTok y demás", lamenta.
Aragort sostiene que un aspecto clave en la construcción de un IXP es que el uso de este por parte de los encargados de su manejo debe llevarse a cabo de forma neutral, pues en caso contrario existe el riesgo de que se caiga en la censura.
En este sentido comenta que en otros países existen casos en los que este tipo de infraestructura las maneja la empresa privada, universidades, e incluso el Estado. Todo sin que ello signifique una pérdida de libertad para los usuarios.
Es por esto que, dado el contexto venezolano, no cree que exista alguna figura para hacerle contrapeso al régimen. Esto si este decide de forma unilateral hacer un uso indebido de este.
Pese a esto hace un llamado para que se incluya a otros actores como las universidades y la sociedad civil. Argumenta que ellos pueden ofrecer apoyo técnico y supervisión para que el uso de esta infraestructura pueda llevarse a cabo de forma idónea.
La censura en Internet no es una política nueva para el régimen de Nicolás Maduro. De ello dan fe portales web como los de NTN24, Infobae, Efecto Cocuyo, El Pitazo; entre muchos otros a los que no se puede acceder desde los proveedores de Internet venezolanos.
Para ello, en la gran mayoría de los casos, se bloquea el dominio del sitio, lo que se conoce popularmente como bloqueo DNS. Una investigación realizada en 2018 por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) reveló que para esa fecha esta modalidad representaba 49,5% del total de páginas web bloqueadas desde Venezuela.
David Aragort explica que este constituye uno de los mecanismos más "sencillos" que se pueden emplear al momento de intentar limitar el acceso a un sitio web. Sin embargo, la creación de un IXP podría significar el uso de tácticas más sofisticadas y difíciles de detectar, como por ejemplo la suplantación de una página web a través del phishing.
Plantea que un ejemplo de esta práctica fue lo sucedido con la plataforma de Voluntarios por Venezuela en el año 2019. Desde el régimen se creó una réplica de la misma con el objetivo de recabar los datos personales de quienes se registraron en el sitio web.
Aunado a esto eliminaría la necesidad de tener que solicitar a cada uno de los proveedores de Internet que bloqueen determinadas páginas. Conatel podría hacerlo automáticamente.
Desde Conatel afirman que la creación de un IXP serviría para reducir la brecha digital y fortalecer el sector telecomunicaciones venezolano; no obstante, también podría representar una nueva herramienta en manos del régimen para censurar la información a la que la ciudadanía puede acceder en Internet.