Desde las pasadas elecciones municipales y autonómicas, incluso desde comienzos de este año, estamos viviendo en España una especie de interregno. Es decir, ese término con el que en la Edad Media se denominaba al periodo desde que se producía la abdicación o fallecimiento de un rey hasta que comenzaba a gobernar su sustituto.
Y mientras adviene el cambio de gobierno que se adivina que se producirá en las próximas elecciones generales, las elecciones locales y autonómicas nos han traído un montón de nuevos gobiernos que pretenden, en el mejor de los casos, desarrollar políticas que reduzcan la envenenada herencia que el PP deja: la masiva extensión de la pobreza, (practicamente un 25% de la población, 12 millones de pobres, que se dice pronto) un incremento inusitado de la desigualdad social (muchos cada vez más empobrecidos y unos cuantos cada vez más enriquecidos) y la casi absoluta desaparición de los sistemas públicos de protección social (abandonados a la responsabilidad individual y al mercantilismo más atroz).
Falacias burdas y carentes de toda lógica ni análisis se han convertido en una especie de dogmas de fe en estos años, y gran parte de la población los han admitido sin más reflexión. Por ejemplo, que el Sistema Público de Pensiones es insostenible (hasta Wang se está planteando dejar de cenar e invertir lo que se ahorre en un plan de pensiones privado) o que la culpa de la crisis económica la tienen las políticas de Bienestar Social.
No tengo ninguna duda de que las medidas que los gobiernos que están comenzando ahora su andadura fracasarán en su empeño. Lo que pueden hacer los gobiernos locales y autonómicos es tremendamente limitado sin unos cambios legislativos, estructurales e institucionales que solo pueden darse a nivel nacional.
Así, vamos a asistir a la aparición de múltiples medidas bientencionadas que, en el mejor de los casos, sólo van a aliviar algunos problemas de la población, al tiempo que se les mantiene dentro del mismo nivel de sufrimiento y pobreza en el que se encuentran. A cambio de este alivio, que no solución, obtendremos más dispersión, confusión y desigualdades territoriales. Tal vez sea un peaje temporal que haya que pagar.
Al menos hasta que, como digo, las elecciones generales conformen un nuevo panorama nacional que haga posible los profundos cambios legislativos (incluso constitucionales) que configuren un nuevo sistema y unas nuevas políticas económicas y sociales de carácter universal. Si nos hemos jugado mucho en las elecciones que acabamos de tener, las elecciones generales que se avecinan son absolutamente cruciales. O el nuevo gobierno acomete esas profundas reformas o perderemos el último tren para tener un auténtico Estado de Bienestar cuya prioridad sea la protección de los débiles.
No en vano, los interregnos son tiempos de incertidumbre y confusión...