La Fiscalía de Menores investiga si un menor discapacitado ha sufrido “una situación de falta de asistencia” por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, que le retiraron el servicio de atención domiciliaria.
Los padres del niño, de nueve años que sufre autismo, han denunciado la situación supuesta de “discriminación e indefensión” del menor y aducen, además, “presiones continuas y amenazas” de los técnicos para que firmen la baja voluntaria del servicio. La madre del niño, Isabel Company, cree que le han retirado la ayuda “por no aceptar la imposición de las condiciones del servicio”, que en contra de lo que es habitual obligaban al menos a uno de los padres a estar presente cuando el trabajador familiar estuviera en casa.
La madre del menor señala que todos los problemas comenzaron cuando se mudó de barrio y los nuevos asistentes sociales la obligaron a estar presente durante las 25 horas mensuales de atención domiciliaria que le habían asignado al niño, valorado como gran dependiente. “Ellos me impusieron una modalidad que no existe. Es absurdo que yo tenga que estar siempre con el cuidador de mi hijo. ¿Para qué quiero un trabajadora familiar unas pocas horas a la semana si tengo que estar yo también? Yo aprovechaba ese tiempo para hacer cursos, buscar trabajo...”. Con los servicios sociales del barrio donde vivía antes, apunta, también había gestionado la asistencia domiciliaria y “nunca hubo ningún problema”.
Apoyados por el Colectivo Papás de Alex, que trabaja en la defensa de los derechos de los niños discapacitados, los padres del menor han denunciado “actuaciones maliciosas” para perjudicar al niño y a su entorno. “Como la familia no aceptó las imposiciones, les quitaron el servicio y los presionaron para que renunciasen. Primero las presiones fueron verbales, redactando una carta de renuncia para que la firmasen y después pasaron a amenazarlos con que los iban a denunciar y sacarle al niño. De hecho, les dijeron que habían enviado su caso al Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) por ser un expediente de riesgo”, explica el presidente de Papás de Alex, Antonio Moreno.
Sin embargo, “por el momento”, apunta el titular del colectivo, la EAIA no tiene constancia del expediente y tampoco ha hecho ninguna intervención. Por ello, en la denuncia, los padres acusan también a los servicios sociales de “vulnerar supuestamente un derecho constitucional, que es la tutela judicial efectiva”, al tener el expediente “retenido en dependencias que no son las legitimadas para resolver” la situación.
La familia y el colectivo han mantenido reuniones con los servicios sociales pero no han conseguido llegar a un acuerdo que solucione el conflicto sin tener que acudir a los juzgados: “No sé cómo se va a desencallar esto porque ellos siguen igual y no se bajan de la burra”, señala la madre del niño.
El Ayuntamiento, por su parte, guarda silencio. Una portavoz del consistorio declinó ayer valorar la denuncia por tratarse de un menor y estar el caso en manos del juez.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/23/catalunya/1379950341_523874.html
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