IU presenta una querella criminal contra la fascista Cristina Cifuentes por las “identificaciones indiscriminadas” en las protestas

Vídeo: Cosas que se le ocurren a la fascista Cifuentes que con Franco también pasaban: eliminar el derecho a manifestarse

560 ciudadanos fueron identificados para ser sancionados en las protestas del aniversario del 15M el pasado mes de mayo. 155 detenidos y 70 heridos en la última Huelga General mientras el ex-jefe de la PPatronal se lo llevaba calentito. 26 detenidos y 64 heridos en las protestas del pasado octubre en las puertas del Congreso de los diputados. En el último año, miles de manifestantes en todo el Estado han sido detenidos, identificados, y sancionados por las fuerzas represoras de nuestro régimen democrático de derechona radical. Algunos incluso de forma preventiva, por reunirse para organizar protestas.
Para defender a los ciudadanos frente al régimen, IU ha presentado un modelo de alegaciones contra sanciones represivas impuestas por participar en manifestaciones (sanciones Ley de Seguridad Ciudadana), cuyas víctimas se pueden descargar aquí.
También, Izquierda Unida, a través de sus diputados en el Congreso Alberto Garzón y Ricardo Sixto, registró hoy en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla una querella criminal contra la delegada del Gobierno en Madrid, la fascista Cristina Cifuentes, casada con un empresario en paradero desconocido buscado por la justicia.

Sixto y Garzón han explicado a las puertas de los juzgados que esta acción judicial persigue dar respuesta a las “identificaciones indiscriminadas y las duras sanciones” realizadas contra numerosas personas que participaron e, incluso, no llegaron a hacerlo en las protestas convocadas hace algo más de un mes a través de las redes sociales.

El escrito de la querella a través de la cual Izquierda Unida ejerce su derecho a la acusación popular imputa a Cifuentes los supuestos delitos de falsedad documental, contra la Administración Pública y el cometido contra la Constitución por autoridad o funcionario público contra los derechos individuales.