Publicado 12 Mar 2024 15:38 | Actualizado 12 Mar 2024 15:56
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El concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha instado al equipo de Gobierno a que estudie las fórmulas para recuperar la gestión directa de las tres guarderías infantiles municipales con el objetivo de lograr una gestión más eficaz que asegure un verdadero servicio público a las familias, la posible reducción de cuotas y garantice las condiciones laborales y salarios de la plantilla sin que eso dependa de la viabilidad de la empresa.
Fernández, tras conocer que la empresa gestora de las escuelas del Casco, Polígono y Buenavista ha solicitado un preconcurso de acreedores, pone el acento en la necesidad de «explorar la posibilidad de encomendar la gestión de las escuelas infantiles municipales a la empresa municipal de servicios 100% públicos que tenemos, y que debemos utilizar como el instrumento óptimo para garantizar que la prestación de ese servicio se hace con criterio social, educativo y de conciliación; y no con criterio estrictamente empresarial».
Según el portavoz municipal de Izquierda Unida, el Ayuntamiento de Toledo debería tomar el papel protagonista de «una gestión que ya estamos pagando» y «dejar de socializar las pérdidas que generan las empresas que gestionan nuestros servicios públicos rescatándolas con dinero de los toledanos y toledanas».
Recuerda Txema Fernánez que las tres escuelas municipales infantiles de Toledo –en el Casco Histórico, Polígono y Buenavista– están gestionadas por la misma UTE empresarial llamada ‘La Casita de Chocolate’ que, a pesar de tener una función eminentemente social, educativa y de conciliación de la vida familiar y laboral, tiene que cumplir también con las expectativas empresariales y de negocio de cualquier empresa privada, ha informado IU en nota de prensa.
Por ello, el concejal de Izquierda Unida considera que dado que el Ayuntamiento está pagando este servicio y facturas con IVA además de cubriendo las pérdidas que año tras año se han producido desde el curso 2021/2022, al menos, «sería más eficaz pensar en una gestión directa de este servicio desde el propio Ayuntamiento usando los instrumentos oportunos para ello. Lo normal es que recuperemos este servicio desde la empresa municipal de servicios que ya tiene encomendadas algunas funciones que no son propias de su actividad principal que es la vivienda», matiza Txema Fernández.
Advierte el concejal de IU que de no optar por ese modelo público, se estaría pidiendo a los vecinos y vecinas de Toledo «que sean responsables de la deuda de una empresa privada sin que tengan ninguna garantía de que revierta ese servicio ni en mejoras en la prestación del mismo, ni en facilidades económicas de acceso para las familias usuarias».
Además, apunta, recuperar estos servicios «redundaría de forma efectiva en la garantía de las condiciones laborales de la plantilla de los tres centros, en la mejor fiscalización del servicio que se presta y en la posible reducción de cuotas que pagan las familias y que, cuando no cubren beneficios industriales, tenemos que pagar desde las arcas municipales», reprocha.
Por último, recuerda que su Grupo Municipal ya criticó en 2016 la licitación y posterior privatización por un periodo de 10 años de la Escuela Infantil del Casco porque defendían, como siguen haciéndolo ahora, «que la adecuada es la gestión directa, evitando el beneficio industrial por encima de cualquier otro concepto y garantizando la prestación del servicio de forma óptima sin que suponga un coste excesivo a las familias usuarias».
En un comunicado, la empresa que gestiona las Escuelas Infantiles Municipales del Ayuntamiento de Toledo, La Casita de Chocolate SL, afirma haber sido desatendida por las autoridades municipales, «poniendo en riesgo no solo nuestra estabilidad financiera, sino también el bienestar de nuestras trabajadoras, quienes son el pilar fundamental de cada una de las Escuelas».
Según afirma, desde 2018 el Ayuntamiento de Toledo ha «ignorado» las subidas salariales decretadas por el Gobierno y contempladas en el convenio colectivo, a pesar de que la empresa ha cumplido con su compromiso pagando dichas subidas a las trabajadoras.
«Lamentablemente, la falta de atención y respuesta por parte de los responsables municipales, tanto técnicos como políticos, nos ha llevado a una situación económica extrema que nos ha obligado a presentar un preconcurso de acreedores para encontrar una solución. El Ayuntamiento, como regulador de las tarifas y responsable de garantizar la viabilidad económica de las Escuelas, no ha tomado medidas para resolver este desequilibrio económico que se arrastra desde el curso 2018-2019», subraya.
Según añade, las múltiples solicitudes y propuestas de solución han sido «ignoradas», acumulando desequilibrios económicos en los cursos 2021-2022, 2022-2023 y el actual curso 2023-2024, «dejándonos en una situación insostenible».
Ante la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento, la empresa afirma que se ha visto obligados a tomar «medidas drásticas» para proteger a sus trabajadoras y garantizar la continuidad del servicio. «Como administrador de la empresa, me comprometo a hacer todo lo posible para minimizar el impacto en el servicio y encontrar una solución a esta crisis», concluye.
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