NACIONES UNIDAS – La paz progresa en Colombia pero todavía es vulnerable a la violencia remanente de décadas de conflicto armado, con desplazamientos y muertes en varios de sus departamentos, señaló un nuevo balance publicado este martes 5 por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
Oficinas de la ONU registraron, entre el 1 de enero y el 15 de marzo de este año, el asesinato de 43 defensores de derechos humanos y líderes sociales, incluyendo cuatro mujeres, el desplazamiento forzoso de más de 13 000 personas y el confinamiento de otros 48 000, a causa de esa violencia.
Guterres presentó el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que monitorea el Acuerdo de Paz firmado en 2016 por el gobierno y la principal de las guerrillas que combatieron al poder durante décadas, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El texto destaca los avances logrados en la reincorporación de excombatientes, la sustitución de cultivos ilícitos, la justicia transicional y las oportunidades de desarrollo en las comunidades afectadas por el conflicto.
Entre los principales avances, el documento subraya que la mayor parte de los más de 13 000 excombatientes continúan su proceso de reincorporación a la vida civil, pese al empeoramiento de la seguridad en varias regiones, y que 63 % participa en proyectos productivos para su reincorporación económica.
El gobierno ha informado de más de 3200 iniciativas económicas en zonas empobrecidas por el conflicto armado que han implicado inversiones por 3000 millones de dólares y, de ellas, más de 500 han recibido financiamiento del Estado con regalías provenientes de la explotación de minas e hidrocarburos.
En la reintegración política, refiere que hubo pocos incidentes durante las recientes elecciones al Congreso, en las que participaron excombatientes de las FARC.
Pero esos progresos “seguirán siendo vulnerables a menos que se den pasos firmes y eficaces para consolidar la seguridad en todo el país de la manera integral prevista en el Acuerdo Final” de paz.
Una preocupación se refiere a la seguridad de los ex integrantes de las FARC, y el informe recordó que desde la firma del Acuerdo han sido asesinados 315 de ellos, y 11 de esos crímenes ocurrieron en el último trimestre.
Del mismo modo, el deterioro de la seguridad tiene un impacto cada vez mayor en los proyectos productivos y cooperativas, y exhortó al gobierno a garantizarla, así como a atender adecuadamente los riesgos y necesidades específicas de las mujeres excombatientes.
El informe advirtió que los niveles de violencia se han intensificado en los departamentos de Chocó (occidente) Putumayo (sur) y Arauca (oriente), como consecuencia de enfrentamientos entre otra vieja guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y disidencias de las FARC.
Ese clima negativo afecta a la población civil, incluidas las comunidades indígenas y afrocolombianas, subrayó. En Arauca la violencia en el contexto de la confrontación ELN-FARC causó la muerte de 116 personas en el período, según las autoridades.
Para poner fin a la inseguridad se precisa “el despliegue integrado de las capacidades del Estado” y el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organismos criminales que operan en regiones pobres donde existe una economía ilícita y donde las autoridades estatales no tienen un control eficaz del territorio.
Para Guterres el presente año –cuando deben efectuarse elecciones presidenciales que siguen a las parlamentarias- constituye un punto de inflexión para el sistema de justicia transicional “al arrojar luz sobre los horrores del pasado”, en referencia a los miles de muertos y millones de desplazados dejados por décadas de conflicto.
“La Jurisdicción Especial para la Paz se prepara para que los perpetradores reconozcan, cara a cara con las víctimas y ante la sociedad colombiana, sus responsabilidades por los crímenes cometidos durante el conflicto, y contribuyan a la verdad”, dijo Guterres en su informe.
El secretario general también expuso que “al acordar poner fin a décadas de conflicto violento, los colombianos y las colombianas reafirmaron ante el mundo que incluso los conflictos más arraigados pueden resolverse mediante el diálogo”.
“A medida que el país continúa por el camino trazado por el Acuerdo Final, y ante la proximidad de las elecciones presidenciales, aliento a las fuerzas políticas a que mantengan su compromiso con una campaña libre de violencia y estigmatización”, expresó finalmente el secretario general.
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