Carlos Jiménez Villarejo declaraba el 2 de agosto del 2014: “La CDC está deslegitimada para dirigir cualquier proceso, incluido el soberanista”. Junto con José María Mena, el fiscal Villarejo elaboró la querella, presentada en mayo de 1984, contra el consejo de Administración de Banca Catalana, incluido su vicepresidente ejecutivo, Jordi Pujol, entonces presidente de la Generalitat. En noviembre de 1986, el pleno de la Audiencia de Barcelona desestimó tal querella, donde se acusaba a Pujol y al resto de consejeros de delitos de “apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas”. Treinta y tres magistrados votaron en contra de procesar a Pujol mientras ocho lo hicieron a su favor. La confesión del expresidente de la Generalitat del pasado 25 de julio daba otra perspectiva a ese proceso. Siscu Baiges, periodista, vicepresidente de la asociación SICOM, federalista de izquierdas y activista social, publicaba, el 2 de agosto del 2014, una entrevista con Carlos Jiménez Villarejo en el diario.es, en la que resumía que o los periodistas, los fiscales y los jueces lo hicieron muy mal cuando investigaban este caso, o la explicación del dinero evadido con la herencia era más una excusa que una realidad. “No tengo por qué saber nada de las herencias de Pujol o de cualquier otro político. Pero tengo serias dudas de que lo que ha dicho sea verdad. El origen de ese dinero importa poco. Fluye de muchas partes. Lo de la herencia es una forma de confundir a la gente. Hay que saber en qué consiste esta fortuna, donde está y el origen concreto, real y preciso de estos caudales que tiene depositados, al parecer, en varios paraísos fiscales”.
Cuenta Jiménez Villarejo que siempre fue difícil de entender esta querella. “Hay un dato que puede parecer anecdótico, pero que no lo es. Cuando concluyó la investigación judicial y se inicia la fase oral, el juez instructor preparó toda la documentación del proceso –declaraciones, documentos bancarios de Inspección de Hacienda– y la puso a disposición de los magistrados para que la consultaran y se informaran adecuadamente de las razones por las que la Fiscalía pedía el procesamiento de Jordi Pujol y de la mayoría de consejeros de Banca Catalana. Muchos de los magistrados que debían pronunciarse ni siquiera fueron a la Audiencia para recoger las fotocopias preparadas para cada uno de ellos, con nombres y apellidos. Ya tenían predeterminado que votarían en contra e, incluso algunos de ellos se jactaban, en determinados círculos. Tenían una toma de posesión previa a favor de Jordi Pujol”. Y sólo ocho magistrados, encabezados por Antonio Doñate y Margarita Robles pidieron su procesamiento. La querella se presentó en un momento delicado de la consolidación democrática. En una situación clave de la historia de Cataluña, en la que se iniciaba el proceso autonómico. “Pujol había sido elegido presidente de la Generalitat y se había convertido en el símbolo de una nueva etapa en Cataluña y aunque era evidente su responsabilidad penal en los delitos que le imputaban, el Tribunal evitó que el proceso continuara, que fuera juzgado y eventualmente condenado –que habría sido lo justo–. Y, a partir de ahí, se creó un clima de impunidad. Lo que permitió que siguiera operando en su política, social y económica de forma arbitraria y fuera del peligro de cualquier persecución judicial, que sabía que no existiría porque él controlaba perfectamente la parte del poder judicial que le interesaba. ¿Tendremos que confiar en que un día, algunos de estos magistrados expliquen en sus Memorias razones por el voto contra el procesamiento de Jordi Pujol que hasta ahora no han explicado?... Aquella decisión perjudicó la imagen y la respuesta justa que un juez debía dar a una situación en la que había indicios muy claros de la responsabilidad de ese consejo de administración y de Jordi Pujol”. Hoy, si el caso Banca Catalana se produjera, Jiménez Villarejo explica que no se resolvería igual. “Ya no estamos en los años 1984-1986, los años del proceso de Banca Catalana, sino en una situación diferente. Años después empezaron a caer mitos de las élites sociales y económicas, en su día. El primer símbolo de ello fue la caída de Mario Conde, condenado a 20 años de prisión. La situación de Pujol, en Banca Catalana, fue similar a la de Mario Conde, en Banesto. Había algunas similitudes. Hoy hay abiertos un conjunto de procesos muy importantes contra todos los responsables de las cajas de ahorros que han hundido estas entidades a través de la emisión de productos fraudulentos y que, además de defraudar a los inversores y ahorradores, se han enriquecido (…) Ha cambiado la perspectiva del enfoque de la delincuencia de ‘cuello blanco’, los poderosos, en el ámbito económico… Posiblemente, Cataluña estaría más centrada en ser un país no tan envuelto en banderas, mitos y futuros imaginarios, sino preocupado por tener más justicia, más igualdad, mejor reparto de la riqueza, mejor prestación de los servicios públicos universales de sanidad, educación, servicios sociales...”